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Miguel Prieto reasegura que cuenta con miles de testigos

Miguel Prieto, intendente municipal de Ciudad del Este.

Ayer venció el plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso en el denominado caso Tía Chela, proceso abierto contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo). En declaraciones a medios de comunicación, con la arrogancia que le caracteriza, el jefe comunal dio a entender que no le tiene miedo al juicio oral porque cuenta con miles de personas que atestiguarán a su favor.

Al promediar la tarde de ayer, el Ministerio Público acusó y presentó el pedido de elevación de la causa a juicio oral contra el intendente de CDE. Burlándose una vez más de la Justicia, Prieto dio a entender que no tiene miedo de enfrentar un juicio oral, ya que cuenta con unos 75 mil testigos que avalarán su gestión en cuanto a la distribución de kits de alimentos. Refirió que enfrentará sin inconvenientes el juicio oral, olvidándose que se pasó chicaneando el proceso judicial para dilatar  la causa. “Tengo 75.000 testigos. Son personas que recibieron los kits, padres de la Iglesia Católica que ayudaron con la distribución, pastores, universitarios, bomberos. Voy a pedir que todos declaren”, dijo.

Su altanería lo llevó más lejos, al expresar que el Ministerio Público debería pedirle disculpas y felicitarlo por su transparente gestión. “La Fiscalía me debe una disculpa y hasta una medalla me tienen que dar por hacer bien mi trabajo”, satirizó. Prieto se pasó objetando todo el proceso investigativo de la Fiscalía, al punto de obligarle a los fiscales del caso a pedir una prórroga de 6 meses. Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el mismo por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según la Fiscalía, desde la comuna se impulsó una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos durante la pandemia.

Además de esta situación, Prieto tiene otras 38 denuncias en su contra, lo que lo coloca en una situación muy difícil, ya que la mayoría de las denuncias se refieren a hechos de corrupción. Datos extraoficiales dan cuenta que el administrador municipal, una vez que se fije la fecha para su audiencia pública, presentaría renuncia al cargo, con lo que cree deslindaría responsabilidades.

En caso que renuncie, el Tribunal de Justicia Electoral debería llamar a elecciones para optar por un nuevo intendente, teniendo en cuenta que recién en noviembre de este año se cumplirán los tres años de su gestión. Hasta tanto, la Junta Municipal elegirá entre uno de sus miembros a un encargado de despacho, que sería uno del equipo de Prieto.

Prieto había anunciado que se presentaría como candidato a la concejalía municipal en los comicios del 2026, pero en caso que la Justicia dictamine en su contra su proyecto quedaría en la nada. Si es que no presenta renuncia, igualmente deberá dejar el cargo, debido a que la medida judicial de prisión domiciliaria le impediría cumplir a cabalidad con sus obligaciones como intendente municipal.

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