El intendente municipal Miguel Prieto Vallejos está desacatando una orden judicial desde el 2020 y todo indica que puede ser privado de su libertad en cualquier momento. La causa tiene relación a la falta de pagos a la caja de jubilación, que hasta el año pasado ascendía a G. 32.000 millones. Sin embargo, el jefe comunal se siente seguro a raíz de contar como asesor al ex diputado Carlos Portillo, que percibe como salario la suma de 12 millones de guaraníes al mes.
La Municipalidad de Ciudad del Este, como institución, cuenta con unos 50 procesos instaurados desde que Prieto asumió la titularidad. En la causa instaurada por la falta de pago a la caja de jubilaciones ya fue declarado en rebeldía por desacatar una orden judicial.
Se menciona que en cualquier momento podría ser privado de su libertad. Sin embargo, demuestra total desinterés al respecto y continúa desacatando la disposición emanada del ámbito judicial, específicamente del Juzgado del Fuero Civil.
La medida fue firmada en el 2020 y hasta la fecha no se está dando cumplimiento a pesar de que cada año el monto adeudado figura en el presupuesto anual de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Miguel Prieto Vallejos alardea por los allegados con que cuenta para seguir burlando a la justicia. Entre sus principales asesores figura el ex diputado nacional Carlos Portillo, quien fue contratado el año pasado para el efecto. Se menciona que percibe un salario mensual de 12 millones de guaraníes. El dinero sale de las arcas de la comuna, sin que el ex parlamentario cumpla con sus obligaciones.
Indican además que el ex diputado Portillo compromete al mismo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos. Es para otorgar supuesta impunidad al jefe comunal. Es por eso que Prieto Vallejos desacata las disposiciones emanadas de los juzgados de la VI Circunscripción Judicial.
Varios otros funcionarios de la Municipalidad local, que forman parte del entorno de Prieto Vallejos, están involucrados en los procesos, pero también se sienten tranquilos a raíz del supuesto beneficio que reciben por parte de los administradores de la justicia.
