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Miguel Prieto y sus leales se salvaron de tener que cumplir prisión domiciliaria

El intendente de Ciudad del Este y su equipo de leales lograron suspender ayer la audiencia de imposición de medidas para los mismos.

La audiencia de imposición de medidas que debió realizarse ayer ante el juzgado de Humberto Otazú, al intendente de Ciudad del Este y otros 11 procesados, fue suspendida debido a que la Corte Suprema de Justicia tiene recursos pendientes a resolver en otros casos que afectan al jefe comunal. Este proceso involucra a la firma “Tajy” en la provisión de insumos para la fabricación de panificados que debían ser distribuidos a personas de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19.

De acuerdo a la imputación fiscal, el perjuicio ocasionado a las arcas municipales sería de G. 306.188.500, valor del pago realizado a la empresa proveedora “Tajy” por mercaderías inexistentes. El pasado 5 de abril, la Fiscalía imputó al intendente de Ciudad del Este y a otras 11 personas por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Igualmente, el Ministerio Público solicitó la prisión domiciliaria para Prieto y otros involucrados en la presunta defraudación a las arcas municipales.

Según la investigación fiscal, entre los meses de marzo y junio del 2020, el intendente y los miembros de su estructura supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, afectadas por la pandemia de Covid-19. De acuerdo “a los elementos recabados, se revela que todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional al intendente esteño”.

Tras esta diligencia formal y la detección de supuestos hechos irregulares, la Fiscalía imputó y pidió prisión domiciliaria para Prieto y algunos miembros de su estructura. Sin embargo, la defensa técnica del intendente recurrió a chicanas para dilatar el proceso. Debido a eso el proceso se trabó y tras varios meses el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fue habilitado para entender en la causa, fijando como fecha para la imposición de medidas el día de ayer. Pero finalmente no se llevó a cabo debido a que la Corte Suprema de Justicia aún no resolvió dos casos que involucran al mismo magistrado en causas abiertas contra el jefe comunal. Los que formularon la imputación fueron los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

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