La abrupta cancelación del llamado a licitación para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la construcción de la segunda etapa de la terminal portuaria de la Administración Nacional de Navegación y Puertos en Presidente en Pdte. Franco, ha encendido las alarmas sobre la falta de transparencia y el manoseo político en el proceso. Todo apunta a que oscuros intereses, ligados al ministro de Industria y Comercio Javier Giménez, han operado desde las sombras para frenar deliberadamente el avance de las obras. Detrás de esta maniobra se escondería una red de influencias y corrupción que prioriza negociados privados sobre el desarrollo del país. Con esta decisión, se posterga nuevamente la operatividad del Puente de la Integración, perjudicando a toda una región mientras el ministro mueve los hilos en favor de sus propios intereses, de acuerdo a lo indicado por nuestras fuentes.
La decisión, firmada por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, deja en evidencia cómo los intereses privados y la influencia de grupos empresariales capitalinos priman sobre el desarrollo económico del Alto Paraná y de todo el país.
El MOPC argumentó que la anulación del proceso respondió a un pedido del Comité de Evaluación de Ofertas, sin detallar los motivos de dicha solicitud. Sin embargo, fuentes confiables revelan que detrás de esta maniobra estaría la mano del ministro de Industria y Comercio, Francisco Javier Giménez, un personaje con fuertes vínculos en el sector de los puertos privados.
Giménez, quien anteriormente presidió la Cámara Paraguaya de Puertos Privados, se vería beneficiado directamente con la paralización del proyecto estatal, pues, según denuncias, junto a su círculo cercano ya cuentan con propiedades estratégicamente ubicadas para instalar un puerto privado a escasos metros del Puente de la Integración. De este modo, el puerto estatal de la ANNP quedaría relegado, convirtiéndose en un elefante blanco, mientras los empresarios allegados al ministro cosechan millonarias ganancias gracias a esta maniobra.
Lo más grave es que la ministra del MOPC, Claudia Centurión, no solo avaló la cancelación de la licitación, sino que ha guardado absoluto silencio sobre el trasfondo del asunto, permitiendo que su colega del gabinete actúe impunemente. Este escándalo demuestra una vez más cómo las decisiones gubernamentales son dictadas por un pequeño grupo de privilegiados en detrimento del desarrollo nacional.
La paralización de la terminal de cargas de la ANNP no solo afecta a Presidente Franco, sino que retrasa gravemente la operatividad del Puente de la Integración y las obras complementarias en la zona primaria. Ciudadanos franqueños y altoparanaenses han manifestado su indignación ante la falta de compromiso del Gobierno, señalando que este proyecto es clave para dinamizar la economía y fortalecer la conectividad regional.
Además del evidente perjuicio causado por el MOPC y el MIC, llama la atención la total indiferencia de las autoridades locales. Ni el intendente Roque Godoy ni los concejales de Presidente Franco han emitido pronunciamientos en defensa del puerto estatal, dejando en claro su falta de interés en la infraestructura clave para el desarrollo de la región.
La cancelación de esta licitación constituye una nueva muestra del modus operandi de quienes manejan el país a su antojo, utilizando su influencia política para favorecer negocios particulares. El MOPC debe ofrecer una explicación clara sobre esta escandalosa decisión, que perjudica a toda una región en beneficio de unos pocos.
