
Desde ayer lunes entró en vigencia la Ley 7447, que unifica los costos de patente de rodados en concepto de habilitación vehicular, con el objetivo de frenar la fuga de contribuyentes hacia municipios que aplicaban tarifas más bajas. Esta normativa también busca crear un sistema unificado que contribuya a la prevención de siniestros viales.
Nelson Peralta, director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), expresó en el programa Tarde Clave de Radio La Clave 103.9 Fm, que, si bien el establecimiento de precios unificados por ley representa un avance, es necesario considerar costos adicionales. “Además del precio fijado, se debe sumar el porcentaje destinado al mantenimiento de calles, gastos administrativos y otros costos que varían según cada municipio, lo que eleva el monto final”, indicó Peralta.

La aplicación de la Ley 7447 genera reacciones mixtas entre los intendentes del país. Mientras algunos celebran la medida como una herramienta para fortalecer las arcas municipales y evitar la migración de contribuyentes, otros la consideran un reto, ya que el reajuste hace que las tarifas aumenten.
En este contexto, indicó que los municipios tienen la necesidad de actualizar los sistemas informáticos municipales para garantizar el cumplimiento de la normativa. Según Peralta, esta organización brindará asistencia técnica, capacitación y apoyo a las municipalidades para adaptarse a los nuevos requerimientos.
PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES

Hernán Giménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, destacó que la unificación de costos también es una estrategia para mejorar la seguridad vial. “La idea es que en 45 días contemos con un sistema integrado que permita avanzar en esquemas intermunicipales de prevención, como radares y fotomultas”, explicó Giménez.
Estudios internacionales demuestran que los sistemas de control vial unificados reducen considerablemente los índices de siniestralidad. En este sentido, la ANTSV enfatizó que supervisará el cumplimiento estricto de la nueva legislación, asegurando que todos los municipios actualicen sus ordenanzas tributarias para adecuarse a las disposiciones.