Las administraciones de Diego Ríos (Minga Guazú) y Roque Godoy (Presidente Franco) se encuentran bajo fuertes cuestionamientos por recurrir de manera sistemática a las contrataciones de menor cuantía. Este mecanismo les permite adjudicar contratos de hasta 5.000 jornales mínimos (G. 538.135.000) sin pasar por procesos de licitación pública ni requerir la aprobación de las respectivas Juntas Municipales. Las sospechas de corrupción y el mal manejo de recursos públicos no han tardado en aflorar, dado que ambos municipios manejan presupuestos millonarios provenientes de Royalties y Fonacide, destinados supuestamente a la ejecución de obras y proyectos en beneficio de sus comunidades.
En Minga Guazú, el intendente Diego Ríos (ANR) ha optado por fraccionar la mayoría de las obras mediante contrataciones de menor cuantía. Esto ha generado críticas de varios sectores, que consideran que esta práctica busca evitar el escrutinio de la Junta Municipal y la ciudadanía. De acuerdo con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en enero de 2024 la comuna minguera adjudicó directamente al menos ocho contratos. Entre ellos destacan:
Reparación de caminos en el Km 28 Monday: G. 206.084.400. Reparación de caminos en el Km 26 Acaray: G. 206.041.116. Adquisición de combustibles: G. 206.174.755. Servicios ceremoniales: G. 200.000.000. Materiales de construcción para ayuda social: G. 100.000.000.
Estas adjudicaciones, aunque parecen responder a necesidades locales, han sido realizadas sin procesos abiertos ni mecanismos de fiscalización. Esto no solo alimenta las sospechas de manejo irregular, sino que también plantea dudas sobre la verdadera priorización de los recursos públicos. Mientras tanto, las grandes obras que la ciudadanía exige –como mejoras en infraestructura vial, servicios básicos y salud– continúan siendo relegadas bajo la excusa de la falta de fondos.
Las contrataciones directas se han convertido en un patrón para la administración de Ríos. En febrero, por ejemplo, la Municipalidad intentó contratar servicios fúnebres por G. 179.270.267 bajo esta modalidad, pero el llamado fue declarado desierto. Este esquema, que aparentemente facilita adjudicaciones rápidas, es cuestionado por la opacidad que introduce en el uso de los recursos públicos, especialmente en un municipio que administra millonarios presupuestos provenientes de transferencias estatales.
MISMA SITUACIÓN EN FRANCO
La situación no es mejor en Presidente Franco, donde el intendente Roque Godoy (PLRA) enfrenta múltiples denuncias por irregularidades. Según el concejal Hugo Mendoza (ANR), el jefe comunal ha recurrido a contrataciones de menor cuantía para adjudicar directamente contratos millonarios sin pasar por licitaciones públicas.
Con un presupuesto de G. 18.000 millones en Royalties y G. 7.000 millones en Fonacide, Godoy ha licitado públicamente apenas G. 6.900 millones. Este monto se destinó a la compra de un minibús (G. 600 millones), la remodelación de dos plazas (G. 2.600 millones) y obras de asfaltado (G. 3.700 millones). Sin embargo, la mayor parte de los recursos queda bajo el manejo directo del intendente, quien no ha presentado un Programa Anual de Contrataciones (PAC) que permita un seguimiento transparente de los fondos.
Entre las recientes adjudicaciones directas figura un contrato de G. 384 millones para la provisión, instalación y reparación de iluminación en los barrios Sagrado Corazón, Las Mercedes y Área 5. Este contrato fue otorgado a Fann S.A., empresa que acumula un historial de retrasos y fallas en sus entregas. Anteriormente, la misma empresa fue adjudicada para la remodelación del área deportiva del polideportivo municipal por G. 464 millones, pero no cumplió con los plazos establecidos, a pesar de haber recibido el pago total.
La irregularidad en este caso motivó una denuncia ante la Fiscalía por parte del concejal Mendoza. La fiscal Thais García investiga posibles hechos punibles, como lesión de confianza, falsificación de documentos y cohecho pasivo, en torno a los pagos realizados a Fann S.A. sin la culminación de las obras.
El uso recurrente de las contrataciones directas por parte de ambos intendentes evidencia un patrón preocupante: evitar controles, manipular fondos públicos y administrar recursos a discreción. Esta estrategia no solo vulnera los principios de transparencia y buen gobierno, sino que también mina la confianza de la ciudadanía, que ve cómo los recursos destinados al desarrollo de sus comunidades terminan siendo manejados de manera opaca y cuestionable.
Las Juntas Municipales han sido relegadas al rol de espectadores, incapaces de fiscalizar efectivamente a los intendentes. En el caso de Presidente Franco, el concejal Mendoza no solo ha denunciado las maniobras del intendente Godoy, sino también la falta de reacción del resto de los ediles, quienes por acción u omisión, permiten que estas prácticas continúen.
