El Ministerio de Salud Pública anunció ayer el inicio del operativo denominado Ñemboty, que busca la clausura de aquellas clínicas estéticas irregulares que operan en todo el país, brindando servicios que van desde tratamientos de belleza superficiales hasta cirugías profundas.
La Superintendencia de Salud es la instancia responsable en llevar adelante este operativo absolutamente necesario, ya que los sucesivos hechos de estafa y hasta muertes en asuntos de tratamientos de belleza, no son asuntos irrelevantes. De hecho que debería ser normal el monitoreo de la dependencia de salud a centros donde se ofrecen hasta milagros por rejuvenecimientos y curas sobrenaturales, pues se cuenta con el área que siempre está al acecho de exigir a farmacias, laboratorios y clínicas debidamente autorizadas, estar al día en cánones y coimas.
Como hongos pululan estos centros de belleza, sin las mínimas condiciones para procedimientos incisivos, y sin profesionales para realizar con la pericia requerida introducción de toxinas, implantes, aplicación de químicos de blanqueamiento, liposucción, etc., por lo que en el afán de verse mejor buscando “precios”, varios sufrieron mutilaciones, daños irreversibles y hasta fallecimientos por mala praxis. De hecho que los requerimientos para la operatividad de este rubro de la ciencia de la salud no solo debe tener énfasis en los pagos de impuestos, sino en la calidad de los profesionales que deberían trabajar en las mismas.
Lo primero es la integridad física y psíquica de las personas, no puede seguir siendo una cuestión menor una incisión de elementos extraños al cuerpo y practicada por cualquiera que se anime a hacerlo en pos de ganar dinero. No es lo mismo un carnicero y un cirujano; no es lo mismo un enfermero que un médico, o una peluquera que un dentista.
En ese mismo sentido, las personas que desean someterse a tratamientos en dicho rubro, al menos debería cuidar los aspectos que hacen a saber los registros profesionales y ocuparse en averiguar las condiciones de clínicas, pues es por sentido común que un consultorio no está instalado en garajes o kioscos.
La vanidad siempre es riesgosa.
El visto bueno de salud pública, en teoría, da un clisé de seriedad y garantía para que las personas acudan y puedan encontrar respuestas a sus dificultades en las materias correspondientes. La impericia no puede seguir siendo admitida, pues no se lidia con cosas que pueden ser reparadas, sino con personas que a causa de negligencias pueden morir.
Y hablando de negligencias, justamente por esa cuestión es lo que se tiene un aproximado de 400 clínicas funcionando irregularmente hace años en las narices de los que deberían supervisar estos asuntos. Pero qué esperar de quienes dan aval a universidades y aprueban habilitaciones mediante billeteras de quienes solo ven negocios en casas de altos estudios.
La tarea deberá ser absolutamente eficaz y sin privilegios, si en verdad existe propósitos de precautela de la gente.
