En otra acción en el marco al combate de las conexiones clandestinas, especialmente del sector de criptomonedas, en la víspera se presentó la nueva ley que prevé sanciones más duras para la sustracción de energía eléctrica.
«Juntos por nuestra Ande: ¡Decile No al robo de energía y sé parte de la historia», es el lema socializado sobre los alcances de la Ley 7.300/24 de Sustracción de Energía Eléctrica y las nuevas modificaciones que establece pena de cárcel de hasta 10 años, la incautación total y decomiso de equipos utilizados para la sustracción de energía eléctrica.
El presidente de Ande , Ing. Félix Sosa, estuvo acompañado por ejecutivos del ente, además de funcionarios de las distintas unidades y representantes sindicales, donde realizaron presentaciones explicando las modificaciones al artículo 173 del Código Penal paraguayo, que data de 1997 y establece el delito de sustracción de energía eléctrica. En el Código Penal original, sancionado en 1910, no contemplaba este delito debido a la limitada comprensión del tema en esa época.
Históricamente, la persecución de este hecho punible no ha brindado el resultado esperado por la institución y ante la nula existencia de condenas contra las personas que obtenían la energía eléctrica por medios ilícitos, se procede a la promulgación de esta Ley 7.300/24, con la que se logra la criminalización del delito de sustracción de energía eléctrica.
El Ing. Hugo Rolón presentó un resumen general de las intervenciones, la situación judicial y las intervenciones emblemáticas, destacando que en el transcurso del año 2024, se han intervenido un total de 27 suministros irregulares destinados a actividades de criptominería en Media Tensión, lo que representa una potencia total de 81.036 kVA, equivalente a G 16.412.292.601 en energía no facturada por mes.
De igual forma, abordó la situación judicial actual, con un total de 278 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, de las cuales se destaca un caso con condena privativa de libertad, un caso con juicio oral y 13 imputados. Por otro lado, se cuentan con 34 causas que han resultado en incautaciones, sumando un total de 10.878 procesadores y 53 transformadores incautados.
La Ley 7.300/24 tiene como objetivo proteger la integridad del sistema eléctrico y garantizar una distribución regular y segura de energía eléctrica. Además, establece que los recursos provenientes de las multas impuestas serán depositados en una cuenta corriente a nombre de la Administración Nacional de Electricidad para su uso y conservación. El artículo 173 detalla las penas correspondientes a las conexiones irregulares: aquellas en baja tensión serán castigadas con hasta tres años de prisión o multa; mientras que las conexiones irregulares en media tensión pueden acarrear penas privativas de libertad de hasta diez años. Tratándose de actividad de criptomineria y actividades análogas, sin importar los niveles de tensión en que se realiza el hecho punible, reconoce como expectativa la pena privativa de libertad de hasta 10 años.
En casos de bienes en decomiso registrables, el juez emitirá el correspondiente mandamiento de inscripción al registro público que corresponda para que pasen a nombre de la Administración Nacional de Electricidad para que pueda conservarlos para la consecución de sus fines.
