Jubilados afectados por el duro ajuste del presidente argentino Javier Milei vuelven a marchar en Buenos Aires con renovado apoyo de hinchas de fútbol, pero también de sindicatos y organizaciones sociales, una semana después de violentos incidentes.
La protesta coincide con el debate en la Cámara de Diputados de un decreto de Milei para obtener el respaldo del Congreso a la firma de un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno, sin mayoría, depende de aliados para su aprobación.
Argentina necesita fondos del organismo para fortalecer sus reservas, en un contexto de nerviosismo en los mercados y creciente intervención del Banco Central para frenar la caída del peso.
Decenas de camiones de las fuerza de seguridad, carros hidrantes y vallas metálicas están apostados desde la mañana de ayer en los alrededores del Congreso para impedir que los manifestantes se acerquen.
En las terminales ferroviarias metropolitanas las pantallas reprodujeron advertencias de las autoridades: “Protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República”, rezaba el mensaje.
El gobierno busca impedir que se repita el caos de la protesta del 12 de marzo que dejó unos 45 heridos -uno de ellos de suma gravedad- y más de un centenar de detenidos en enfrentamientos con la policía cerca del Congreso. Se trató de la manifestación más violenta contra el ultraliberal Javier Milei.
Con el objetivo declarado de combatir la inflación y sanear las cuentas públicas, el gobierno del ultraliberal Javier Milei ha aplicado un ajuste draconiano desde que llegó al poder en diciembre de 2022.
Casi un 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, equivalente a unos 265 dólares, más un bono de unos 70 dólares que el gobierno congeló el año pasado, además de reducir la entrega de medicamentos gratuitos cuyo precio se duplicó en un año.
La justicia advirtió que va a monitorear el operativo de seguridad este miércoles, luego de una petición del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y Amnistía Internacional.
