Los fiscales Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero, realizaron ayer allanamientos simultáneos en Ciudad del Este y Presidente Franco, en el marco de la causa por lesión de confianza contra el intendente Miguel Prieto Vallejos y varios de sus asesores. Las acusaciones son por supuestas compras ficticias de alimentos y la excavación de pozos artesianos a través de comisiones vecinales.
El primer procedimiento se cumplió en la vivienda de Juan Esteban Quiroga Cañete, en el barrio La Blanca, donde se buscaron documentos relacionados a aportes económicos que había recibido la comisión vecinal que presidió, para la compra de insumos para ollas populares, cuyos trámites se hicieron en el primer semestre del año 2020, pero recién el 30 de diciembre del mismo año, el entonces Director de Desarrollo Social y actual concejal municipal, Sebastián Martínez, blanqueó los documentos con el equipo financiero de la comuna.
Este allanamiento fue encabezado por el fiscal Néstor Coronel, quien explicó que las documentaciones requeridas son del 2019 hasta el 2022 y que con los datos que recabaron irán desglosando para determinar la responsabilidad de las personas sindicadas por el presunto hecho de lesión de confianza. “A través de las subcomisiones se proveían alimentos a las familias de escasos recursos, eso según los documentos, pero de acuerdo a la denuncia todo eso fue ficticio”, añadió el representante de la sociedad.
En el barrio San Roque, también se incautaron documentos en una pequeña despensa que sería proveedora de los alimentos. La vivienda pertenece a allegados de Vanessa Florentín, presunta propietaria de la empresa Vanemi S.A., una de las principales proveedoras de la firma Tia Chela, investigada en otra causa por las supuestas compras ficticias de 25 mil cestas básicas durante la pandemia del Covid-19.
En el lugar, Bernardino Florentín, abogado y padre de Vanessa, dijo que el caso es una feroz persecución contra su familia y una seguidilla de injurias y calumnias contra su hija. Entregaron todas las documentaciones requeridas por los agentes del Ministerio Público.
EN PRESIDENTE FRANCO
La fiscal Marlene González encabezó el allanamiento de la firma Fasv Import-Export, de Fátima Sartorio Vanni, supuesta proveedora de alimentos de la comuna esteña durante el periodo de pandemia. El sitio era utilizado como depósito de los elementos de gastronomía y el Ministerio Público no encontró documentación alguna.
Al respecto, la empresaria Fátima Sartorio dijo a los medios y a la fiscal que nunca proveyó alimentos para distribuir a las subcomisiones durante la pandemia y que desconoce las facturas a nombre de su empresa que obran en poder del Ministerio Público. Añadió que denunciará el caso, porque no sabe cómo esos documentos contables, que aparentemente son originales, llegaron a la municipalidad y se usó para despilfarrar el dinero público, de acuerdo a la investigación fiscal.
“La propietaria de la firma colaboró en todo momento, incluso llamó a un cerrajero, ya que no tenía la llave del local a mano. No encontramos documentos, pero ellos nos indicaron que llevarán todo a la unidad”, explicó la fiscal González, sin opinar sobre la versión de Sartorio que asegura que nunca proveyó alimentos para la comuna esteña.
PERFORACIÓN DE POZOS ARTESIANOS
En el mismo local donde funciona la despensa de los Florentín hay un cartel que indica “Paraná Perforaciones”. La fiscal Luz Guerrero quiere saber dónde están los pozos artesianos perforados, siempre a través de las comisiones vecinales, según los documentos. Al respecto, explicó que las sospechas apuntan a que este grupo de vecinos era utilizado para las transferencias ficticias del dinero de la municipalidad.
Según el mandamiento de allanamiento, la Fiscalía buscó facturas y toda documentación que fuera emitida por la empresa “Paraná Perforaciones”, que tiene como representante legal a Robert Osmar Florentín. Asimismo, se buscó todo lo relacionado a “Constructora Ambiental del Este”, perteneciente a la exconcejal municipal Perla de Cabral y a su marido Elio Cabral, exdiputado zacariista, con nefastos antecedentes tanto en la Administración Nacional de Aduanas como en sus empresas que violan las disposiciones laborales vigentes y que siguen ganando millonarias licitaciones del Estado.
La firma de los Cabral también habría sido beneficiada con el esquema de las comisiones vecinales, donde las órdenes de pago libradas por la comuna equivalen a unos G. 110 millones para cada comisión, según una planilla que tenía una de las fiscales del caso. Todos los documentos fueron llevados a la capital del país y serán revisados con los profesionales de la Fiscalía. Tras los análisis se librarán las órdenes de detención que correspondan.
