Un nuevo crimen ambiental fue consumado entre la noche del lunes y madrugada del martes con la tala de árboles nativos que estaban en el paseo central entre la ruta PY 02 y la avenida San Blas, frente a locales que tienen antecedentes por este tipo de procedimientos irregulares. Para esto, debieron contar con la autorización municipal o del Ministerio de Obras Públicas, pero desde ambos entes se llamaron a silencio.
Los vecinos del sector denunciaron que la tala indiscriminada se realizó aprovechando la noche del lunes y parte de la madrugada del martes. El delito ambiental se produjo en la misma zona donde años atrás se generó un conflicto porque la empresa Agrofértil, con permiso de la Municipalidad de Ciudad del Este, taló varios lapachos para construir un estacionamiento frente a su sede.
En esta ocasión, durante el recorrido del equipo de exteriores del diario Vanguardia, algunos funcionarios de la citada firma negaron ser los responsables de los cortes con motosierras de árboles como lapachos y otros, que llamativamente fueron sacados de frente al local. Sin embargo, los vecinos explicaron que los cortes se hicieron solamente para que los carteles indicadores de la empresa y de otras del sector sean vistos, ya que eran tapados por la amplia vegetación que había.
Esta acción criminal indefectiblemente debió contar con la autorización de un organismo público. Si fue así, se hizo de forma irregular, porque se trata de árboles de especies nativas que deben contar con el aval del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible para su tala. Pero hasta el momento, la MCDE, el MOPC y el Mades se llamaron a silencio.
Esta actitud, cuanto menos es llamativa y se presta a todo tipo de suspicacias, atendiendo a antecedentes anteriores que merecieron la intervención del Ministerio Público, pero solamente por presión ciudadana. El intendente Miguel Prieto debería dar explicaciones sobre este caso, atendiendo a que es el administrador de la ciudad y el cuidado de los recursos naturales también es su responsabilidad.
Una vez más, el poder económico pasa por alto ante cualquier legislación que proteja los recursos naturales. Las sanciones que se deben aplicar a los responsables de esta criminal acción, que es reiterativa y pone de rodillas a las autoridades de todos los estamentos públicos, debería ser ejemplar para que no se vuelva a repetir.
EL CASO ANTERIOR
En el año 2022, la empresa Agrofértil, con control municipal y la aprobación de la Secretaría del Ambiente de la comuna, logró la autorización para construir un estacionamiento en el lugar, además de instalar conexiones de internet e iluminación. Supuestamente el acuerdo incluyó la reforestación para compensar lo talado, pero a pocos años de eso, se repite la acción criminal contra el medio ambiente.
Luego de la movilización de varios activistas y también adversarios políticos del intendente Miguel Prieto Vallejos, el entonces fiscal del Medio Ambiente del Ministerio Público, Víctor Adolfo Santander, se constituyó en el lugar y dispuso la suspensión de los trabajos, mientras remitió oficios a las instituciones involucradas, hasta que el caso quedó en el “oparei”.
En la época, Agrofértil pidió la aprobación municipal para talar 173 árboles, pero le autorización mutilar 79 especies nativas. Sin embargo, con la movilización de la ciudadanía llegaron a destruir 24 especies nativas de la ciudad. En esta ocasión, el silencio cómplice de las autoridades y el horario elegido para la tala, hace presumir que hubo oscuros acuerdos que llenan los bolsillos de quienes deberían preservar los recursos naturales-.
