De los 17 departamentos, solo en 13 se tienen las oficinas parlamentarias. En el Alto Paraná, existen antecedentes de que las mismas fueron instaladas de manera irregular, ya que no existe convenio entre la Cámara de Diputados y la Gobernación del Alto Paraná para la habilitación de estos espacios físicos destinados a los legisladores de la zona. En el caso de Roya Torres, diputada liberocartista de Presidente Franco, la situación empeora, ya que es la única política que cuenta con dos oficinas parlamentarias que son solventadas con recursos del erario público.
Una está instalada en la Gobernación del Alto Paraná y la otra en la sede de la Municipalidad de Presidente Franco, donde su marido Roque Godoy es el intendente y su hijo Elías Martín Godoy Torres, su “asesor” parlamentario. La Carta Orgánica Municipal y Departamental autoriza a sus respectivas juntas a aprobar los convenios que suscriben sus respectivos ejecutivos, por lo que tanto los intendentes como los gobernadores, deben contar con autorizaciones de sus respectivos cuerpos colegiados.
Las irregularidades son múltiples en este sentido y está a la vista de todos, aunque nadie hace nada al respecto. El Ministerio Público tiene una carpeta abierta contra Torres respecto a su “nepobaby”, aunque hasta el momento no se tiene mayores datos al respecto.
La creación de las oficinas parlamentarias solo sirven para “colocar” a los operadores políticos en estos sitios, con jugosos salarios de la Cámara de Diputados, tal como el caso de Elías Martín Godoy Torres, con lo que desangran al erario público. El cuoteo político es una práctica que se viene practicando desde hace bastante tiempo, por lo que parece no ser tan letal para las arcas del Estado. Sin embargo, a raíz de este hecho, no se puede contrarrestar el alto índice de pobreza que se tiene en el país.
