
Deuda con proveedores, salarios atrasados a funcionarios y dieta a los concejales, sumados a una amenaza de ejecución de embargo por indemnizaciones, sacuden fuertemente a la administración del intendente de Hernandarias, Nelson Cano (ANR). A raíz de ello, tiene sobre sus espaldas varias denuncias ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, como el caso del préstamo realizado por más de G. 5.000 millones, pero que están congelados, según los ediles.
Nelson Cano fue electo intendente en representación del movimiento independiente “Unidos Por el Cambio”. Sin embargo, una vez que aseguró el sillón municipal, no tuvo ningún remordimiento para pasar regresar a las filas del Partido Colorado. La ciudadanía le había elegido por la promesa que hizo de transparentar la administración y desterrar la corrupción existente en dicha comuna.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se descubra que estaba haciendo todo lo contrario, por lo que tiene en su haber varias denuncias por malversar fondos y ser muy poco transparente en su gestión. Pese a las acusaciones contra el jefe comunal, ni la Contraloría General de la República, ni el Ministerio Público, han profundizado una investigación seria contra el mismo, por lo que al parecer fueron cajoneadas, según reclamó el concejal independiente Germán Ibarrola.
“Es lamentable que nuestra Justicia no avance en las denuncias hechas contra el intendente de Hernandarias. Todas las denuncias son consistentes, con fundamentos sólidos y, hasta el momento, no existen resultados de alguna actuación fiscal o de la Contraloría General de la República. Nosotros no estuvimos de acuerdo con ese préstamo que resultó ser un gran robo. La ciudadanía pregunta sobre esta denuncia y qué le vamos a decir si no tenemos respuestas de las instituciones que debería llevar adelante una investigación seria y profunda”, reclamó.
A modo de recordatorio, la concejal Venialgo había presentado una denuncia por lesión de confianza y varios otros delitos contra el intendente Nelson Cano, por la adquisición de un inmueble por más de G. 3.600 millones, que sería en la mayor parte terreno municipal. A más de un año, no hay imputación y se desconoce qué pasó del caso.
Respecto al pedido de préstamo que Cano había solicitado y que una mayoría de ediles le había aprobado, esta misma Junta Municipal tuvo que anular una ampliación presupuestaria del año 2024, que incluía un préstamo de G. 1.500 millones que fue rechazado, por el millonario endeudamiento de la institución comunal por los casos mencionados.
Pese a las argumentaciones adheridas a la denuncia respecto a que no se cuenta con una rendición de cuenta del préstamo realizado, los organismos estatales tampoco proporcionan datos de cómo se encuentra la investigación que, al decir del concejal Ibarrola, no avanza.
Según sospechas, Cano volvió a las filas del Partido Colorado en busca de un blindaje político, de modo a que no prosperen las denuncias existentes en su contra, lo que al parecer está ocurriendo.