Todo análisis es válido cuando se lo realiza con criterios objetivos y por sobre todo con el propósito de reencausar o mejorar acciones. Si bien son los primeros meses del Gobierno Nacional, y el inicio ha dejado más sombras que luces, con desaciertos provocados por ineptitudes y caprichos personales, existe un largo lapso dentro del cual se pueden desarrollar posturas instituciones positivas.
Y en ese sentido, para cualquier administración estatal, la salud, seguridad, trabajo y la educación, deben ser prioridad efectiva.
Con especial énfasis, centralizar correctivos en el contexto de educación pública, es innegociable, pues a más de un currículo ineficiente, se sigue con altas precariedades estructurales y de elementos académicos. Esta situación la convierte inalcanzable para una importante franja de ciudadanos y ciudadanas, no por mediocridades personales, sino por necesidades materiales que devienen de tener a vástagos en instituciones.
La inversión estructural es una cuestión periódica natural, que no puede seguir siendo motivos de súplicas de padres de familia, que deben lidiar con mitigar la posibilidad de que techos de aulas caigan sobre las cabezas de sus hijos periodo tras periodo. Si no existe previsibilidad en algo tan básico como lo material, en lo sustancial menos.
Pero lo que no faltan son discursos lanzados de grandes logros, pero para economías de quienes están en esferas del poder, intentando cubrir deficiencias y arbitrariedades.
La educación es el sector menos favorecido en los últimos tiempos, no solo con la desidia gubernamental, si no con la postura mezquina de legisladores que no se ocupan de prioridades, acompañando la mediocridad ejecutiva.
Apostar en la educación es fundamental para avanzar hacia un país con más alternativas de progreso.
En los papeles se da un buen ropaje a la educación, pero como el componente humano es el defectuoso, se despilfarran montos importantes en nimiedades y bandidaje, generando como consecuencia deficiencias en merienda y almuerzo escolar, actualización de materiales académicos y hasta en formación permanente de profesores.
La mediocridad conduce a la miseria y a una falta de perspectiva hacia un futuro mejor, por lo que insistir en priorizar a la educación es la alternativa válida para salir de ese trayecto.
Emprender el cambio solo podrá encaminarse cuando el Gobierno se ocupe de brindar una educación real de calidad y gratuita, que sostenga el acceso total a jóvenes que deseen ser profesionales. Esa es una obligación inherente al Estado, como también un derecho ciudadano. Calidad es definida por la RAE como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor, por lo que la realidad permite ver que se está a cientos de kilómetros de ello.
Y en materia de responsabilidades, el Gobierno departamental y municipal, también están obligados a ocuparse de la educación, buscando mecanismos que puedan facilitar la gratuidad propiamente dicha y aggiornarlo debidamente. Se tuvieron presupuestos millonarios hace décadas, por lo que el panorama de necesidades, también tiene subrayado de mediocridad o malvivencia local.
La adecuada instrucción de base, facilita progresión académica, y por ende abre posibilidades al acceso laboral, como también la carencia empuja más al fondo.
La educación debe ser el salvavidas, el motor que encamine a mejor calidad de vida, de ahí la importancia de tenerla como tal.
Una mejor instrucción es facilitador para dejar de ser un país mediocre, con menos autoridades y legisladores ineptos e ignorantes.
Sustentar la educación como prioridad permitirá que se construya un futuro más alentador y menos corrupto por sistema.
