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Pedirán juicio político de ministros que facilitaron blanqueo a acusados por estafa a la familia Osman

Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema y acusada de blanquear a los acusados y Luis María Benítez Riera, integrante de la Sala Penal que blanqueó a los imputados por la estafa a los Osman.

Representantes legales de la familia Osman, víctima de una descomunal estafa de US$ 85 millones, denunciarán y pedirán el juicio político para dos ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por allanarse al pedido de los estafadores y declarar la extinción de la acción que buscaba juzgar a los 11 imputados por el millonario despojo, quienes hoy están libres y sobreseídos en la causa. Cabe recordar que el JEM actualmente está revisando la actuación de cuatro agentes fiscales en el mismo expediente, quienes con su negligencia allanaron el camino para el blanqueo de los acusados.

El caso se refiere al expediente caratulado “Imad Issa Issa y otros s/ estafa y otros”, en el que el Ministerio Público había presentado un pedido de prórroga extraordinaria fuera de plazo, conforme a la determinación de los ministros ahora denunciados, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, quienes declararon la extinción de la causa. Votó en contra de esa determinación el ministro Manuel Ramírez Candia, quien señaló que era inadmisible la apelación, teniendo en cuenta que es la Cámara de Apelaciones la que tiene facultades de otorgar la prórroga extraordinaria y así lo hizo, por lo que la actuación de Llanes y Benítez Riera habría sido meramente para beneficiar a los imputados y lograr su sobreseimiento.

Imad Issa Issa, Nadin Issa Omar y Anuar José Issa Omar, imputados por estafa y lesión de confianza.

La Sala Penal de la máxima instancia judicial intervino en el caso luego que la defensa de los extranjeros apelara una decisión del Tribunal de Apelaciones, de otorgar una prórroga extraordinaria a la Fiscalía para seguir investigando el caso. Sin embargo, los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera simplemente declararon la extinción de la causa.

ANTECEDENTES DEL CASO

La fiscal Nilsa Torales habría presentado en forma extemporánea un pedido de prórroga extraordinaria en este proceso por presunta estafa de US$ 85 millones, según la conclusión de una auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia. En dicho informe se aclara que también tuvieron intervención en la causa los fiscales Claudelina Corvalán, Fernando Galeano y Natalia Montanía, quienes igualmente podrían haber realizado la solicitud en el plazo legal establecido.

José Mario Matheus Viegas, Fabio Guillerme Bedin (Dunga) y Evandro Foppa, también imputados en la misma causa.

Esta grosera maniobra fiscal se dio en el expediente caratulado “Imad Issa Issa y otros s/ estafa y otros”. Por acta de imputación fiscal N° 01 de fecha 28 de diciembre de 2021, la agente fiscal Claudelina Corvalán formuló imputación contra las siguientes personas: 1) Imad Issa Issa, 2) Ziad Issa Issa, 3) Towfik Issa Issa, 4) Anuar José Issa Omar, 5) Farid Issa Omar; 6) Nadin Issa Omar, 7) Samir Issa Omar; 8) Mahmoud Hussein Issa, 9) Fabio Guilherme Bedin, 10) José Mario Matheus Viegas, por los supuestos hechos punibles de estafa y lesión de confianza en calidad de autores.  Posteriormente el brasileño Evandro Foppa se sumó a la lista por lo mismo.

La auditoría refiere que la fiscal Torales pidió la prórroga extraordinaria en fecha 10 de junio de 2022, en la misma fecha en la que fue afectada a la causa en cuestión por resolución de Fiscalía General 2117 del 10 de junio de 2022. Sin embargo, el pedido de prórroga extraordinaria debe darse al menos quince días antes de la fecha de requerimiento conclusivo, que en este caso fue fijada para el 30 de junio de 2022. Es decir, la fiscal incurrió en negligencia al presentar fuera de plazo el pedido de prórroga. Hay fuertes sospechas que corrió una millonaria coima para cometer tal desidia.

Towfik Issa Issa y Ziad Issa Issa, también fueron procesados por embaucar a la familia Osman.

La víctima en este caso es la familia Osman. Los antecedentes del caso señalan que varias familias conformaron empresas denominadas Issos SA, Issos Greenfield Internacional y Somax Agro, donde los Osman eran accionistas. Hace unos años, los imputados propusieron la disolución de las firmas simulando la existencia de deudas. Tras la supuesta maniobra, la familia Osman (padre e hijo) fue despojada de sus acciones. A la par, les despojaron de un establecimiento de 12.000 hectáreas, valuado en casi US$ 85 millones. Los acusados también habrían falseado documentaciones y actas de asambleas, por lo que fueron denunciados por varios hechos, como producción de documentos no auténticos, fraude, lavado de dinero, apropiación y generación de deudas falsas.

SUGESTIVA ACTUACION DE

LLANES Y BENÍTEZ RIERA

Para el representante legal de los Osman, Daniel Alarcón, la Sala Penal de la Corte no tenía competencia en otorgar el sobreseimiento, ya que es facultad del Ministerio Público presentar el pedido de sobreseimiento o en todo caso la acusación. El caso debió ser enviado a la Fiscalía General del Estado para presentar el requerimiento conclusivo.

“Se agravió todo el diseño de carácter procedimental y se negó una competencia constitucional al Ministerio Público sobre la facultad de acusar o pedir el sobreseimiento definitivo. En su caso debió ser pedido por la Fiscalía, que es titular de la acción”, afirmó Alarcón.

La absurda determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin sus empresas a Jamil Osman, uno de los empresarios pioneros de Ciudad del Este, quien fue despojado de un inmueble valuado en millones de dólares. La responsable preliminar del blanqueo es la ahora exfiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, y luego los fiscales que investigaron el caso, según el abogado Daniel Alarcón. “El punto culmine demoledor fue la posición de los ministros de la Sala Penal”, afirmó.

Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomará intervención e investigará a los agentes fiscales que tuvieron intervención en la causa. Asimismo, los abogados de la familia Osman pedirán el juicio político de los dos ministros de la CSJ, quienes con su actuación blanquearon y sobreseyeron a los imputados, quienes de esta manera se embolsaron US$ 85 millones que eran patrimonio de los Osman.

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