Las falencias en el sistema penitenciario son cada vez más notorias en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, que representa un verdadero peligro para los vecinos y los propios reclusos. A la corrupción imperante en el lugar se suma el deterioro de la estructura que alberga a más 1.400 presos, algunos con altas condenas y otros solamente procesados. A pesar de las reiteradas promesas de mudar la cárcel al nuevo penal de Minga Guazú, la situación continúa en lo mismo.
En horas de la madrugada del martes, un principio de incendio generado por un corto circuito reveló que el lugar está a punto de colapsar y que es una bomba de tiempo que puede ocasionar una tragedia en cualquier momento. La rápida reacción de guardia cárceles y bomberos voluntarios pudo evitar que el fuego se propague por otros pabellones. Desde la dirección del penal minimizaron el hecho, alegando que solo se trató de un pequeño incendio y que nadie resultó herido.
Las autoridades locales en varias ocasiones informaron del peligro latente que la cárcel representa en medio de un barrio residencial. Con bombos y platillos desde el Gobierno informaron del trasladado de la cárcel a otro lugar, pero con el transcurrir del tiempo volvieron a manifestar que la nueva cárcel de Minga Guazú será solo para los condenados.
CORRUPCIÓN Y DROGAS
Los funcionarios infieles también continúan trabajando en la cárcel, solapando el ingreso de drogas, alcohol y celulares, a pesar de una supuesta medida de seguridad implementada. Según los datos, todo tiene su precio para poder introducir y los objetos incautados son solamente para las fotos.
Durante el recorrido rutinario del lunes, el jefe de seguridad Gilberto Fariña, encontró en pleno pasillo de uno de los pabellones un frasco que contenía 16 dosis de marihuana y 22 dosis de crack que fueron abandonadas aparentemente por los distribuidores, dejando a la luz el poco control y la complicidad de algunos guardia cárceles. Sobre el hecho se dio aviso a los agentes de la Comisaría 1ra, que incautaron las evidencias y remitieron a la unidad del fiscal Manuel Rojas.
