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Persecución e injusticias coloradas

Resulta pintoresco el reclamo de ciertos políticos colorados de la zona y de otras latitudes, que hoy se presentan como víctimas de supuestas persecuciones e injusticias, por el sencillo hecho de haber sido sacados de cargos al que accedieron por el clisé político partidario.

Al parecer, ciertos politiquillos se autoconvencen que los cargos en espacios públicos les pertenecen de por vida, por el mérito de haber sido beneficiados con zoquetes mediante “salamerías” y chantajes.

Los cargos en direcciones, jefaturas y todo estamento público o binacional, deberían ser integrados por gente apta, con un poco más allá de la condición de escolaridad básica, y no por ser solamente presidentes de seccionales o haber sido postulantes perdedores en comicios.

Se ingresa por política partidaria y por el mismo criterio son cesados, ya que esos lugares deben ser ocupados por iguales, o como excepción, por gente efectivamente preparada para administrar y gestionar un buen andar de la función pública.

Asumir el papel de víctima cuando no lo son, es circense, y una burla para la gente que sí es efectivamente apta pero no tiene la oportunidad de ser tenida en cuenta por el hecho de no ser hurrero.

La administración pública no es propiedad de ningún fulano y los espacios en sectores denominados de confianza, deberían tener una seria evaluación a fin de ser integrados por lo menos por personas íntegras y con formación académica específica, siendo una condición accesoria la afiliación política.

Es de caraduras reclamar salidas, y más si nos referimos a personas poco preparadas para ser referentes, que antes que títulos universitarios colgaban en paredes de despachos fotos de anteriores mandamases como respaldo de conocimiento, y hoy juran haber sido principales generadores de la victoria del presente Jefe de Estado Santiago Peña, pero siendo operadores de “Marito”.

Estas sustituciones son absolutamente normales y no tienen nada de persecuciones o injusticias, por lo que los reclamos se interpretan como lloriqueos por la pérdida de investiduras mediante los cuales se ganaba dinero por hacer nada.

La función pública es denigrada desde hace tanto tiempo, que permite espectáculos como los que se vienen potenciando a través de los medios de comunicación, donde los de profesión política cuestionan términos de funciones, culpando a los ganadores de elecciones como los malvados de la película, obviando que ingresaron sin méritos reales, por la mera repartija de zoquetes de anteriores victoriosos.

Pese a que es poco probable tener resultados mejores y optimización de funciones eligiendo el mismo modus operandi para integrar organismos y entidades del Estado, los que hoy se erigen como sus titulares deberían ser custodios celosos de la correcta labor y por sobre todo de la transparencia, a fin de poder irse con el deber cumplido al cierre de etapas, estando a la altura de las necesidades, y no sobresalir únicamente en el muro de los lamentos al momento de la llanura.

Es tan necesario el cambio de paradigma en el ámbito, con el propósito de dinamizar el servicio público, y así poder corresponder a la necesidad de la sociedad. Ensayar criterios básicos para nominaciones como la idoneidad y la honestidad, serán el primer peldaño para construir lo planteado. Es muy difícil salirse del molde de la mediocridad con analfabetos funcionales en gestión estatal o administrativa, por lo que no es discriminación colocar como filtro lo descripto.

Urge que los servidores públicos sean más que “cepilleros” profesionales.

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