Un grupo de pobladores del asentamiento Cristo Rey estuvo ayer en la Gobernación del Alto Paraná para conversar con las autoridades departamentales sobre la situación de sus tierras en el Km 25 de Minga Guazú, que ocupan a casi 3 décadas. Una empresa privada reclama esa zona como suya y el proceso no favorece a los ocupantes, que temen un desalojo.
La denuncia por asociación criminal, invasión de inmueble y otros hechos, fue promovida por la empresa Koga S.A. Muchos pobladores están procesados con medidas alternativas. La audiencia preliminar está cerca, por lo que temen cualquier acción que sea contra los intereses de la comunidad donde viven agricultores feriantes, quienes cuentan con el aval del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Ayer, con carteles y documentos de los inmuebles, estuvieron en la oficina regional de la Defensoría del Pueblo, donde buscaron el respaldo de la institución, porque afirman que en el Ministerio Público y el Poder Judicial están contra los ocupantes de las tierras del asentamiento para favorecer a empresarios que aparecen con documentos dudosos.
Los pobladores del sector consideran que, cuanto menos, hay una superposición de títulos y también una grosera manipulación de la Fiscalía. Acusaron a la fiscal Carolina Rosa Gadea de no querer escucharlos cuando quieren exponer los antecedentes del núcleo habitacional.
Según los pobladores, la denuncia por invasión de inmueble fue promovida por una empresa denominada Koga S.A. Pero los afectados dicen que cuentan con servicios básicos proveídos por el Estado paraguayo, como energía eléctrica, agua potable, empedrados y otros, que no sería posible si se tratara de una tierra ocupada en forma irregular.
Consideran que una mensura judicial hecha en forma imparcial es una alternativa valedera, pero también muchos ocupantes cuentan con documentos del Indert. Hace 26 años los primeros pobladores habían ingresado a los predios con aval del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Los que están afincados desde sus comienzos indicaron que tienen las constancias del ente público.
EL TEMOR AL DESALOJO
Los ocupantes, que son al menos 160 familias, están con el temor latente de ser sacados a la fuerza de sus casas. Actualmente hay al menos 70 miembros de la comunidad que están imputados por el Ministerio Público. Matilde Maidana, una moradora del sector, había indicado que muchos no tienen los títulos de sus terrenos, solo una constancia del Indert.
Al parecer, la falta de un buen asesoramiento o la confianza en equipos jurídicos que no les dicen toda la verdad, podría estar jugando en contra de estas familias, quienes son agricultores y fueron beneficiados con varios servicios básicos tanto por la comuna, la Gobernación y otros entes públicos. Por eso cuestionan la decisión judicial de imputarlos, ya que siempre fueron asistidos por el Estado Paraguayo.
Los afectados indicaron que con la intervención de sus abogados supieron que, supuestamente, en el expediente por invasión de inmueble se menciona que solamente hay tres casas precarias en el lugar, pero la realidad es otra, ya que hay viviendas amplias, construidas con material cocido, con infraestructura para pequeñas tiendas y otras inversiones de los lugareños.
