Un clima de profunda preocupación e indignación se ha instalado en la comunidad jurídica del Alto Paraná ante las persistentes denuncias de escandalosa morosidad judicial que afecta a los juzgados en lo Civil y Comercial. A pesar de los constantes señalamientos por parte de abogados del fuero local sobre la inacción y el inexplicable estancamiento de expedientes – salvo en aquellos casos donde supuestamente median «propinas» o incentivos para los magistrados –, varios jueces cuestionados han sido recientemente confirmados en sus cargos, generando un fuerte rechazo y la exigencia de una intervención urgente por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La situación ha llegado a un punto crítico, con prácticamente la totalidad de los juicios paralizados, desatando una ola de quejas generalizadas entre los profesionales del derecho. Estos cuestionan enérgicamente la permanencia inamovible de los magistrados señalados, denunciando que ni siquiera son objeto de auditorías por parte de los responsables de la máxima instancia judicial, una necesidad que consideran perentoria para restablecer la confianza en el sistema.
Abogados del fuero civil del Alto Paraná denuncian que la mayoría de los expedientes están virtualmente congelados. “Salvo aquellos casos en que supuestamente se ofrecen propinas o incentivos extraoficiales, no se mueve una sola hoja”, señaló un profesional que prefirió guardar anonimato. La situación es tal que, según los denunciantes, la administración de justicia parece haberse privatizado, funcionando a pedido y según intereses.
Esta realidad ha generado una ola de quejas generalizadas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia parece mirar para otro lado, sin ordenar auditorías ni exigir rendiciones claras a los magistrados que, en muchos casos, acumulan expedientes sin resolver durante meses, e incluso años.
ESCANDALOSAS REASIGNACIONES
En este alarmante contexto, llama poderosamente la atención la decisión de la Corte Suprema de disponer nuevas interinancias en juzgados claves del fuero civil del Alto Paraná, entre ellos el Juzgado de Primera Instancia del Sexto Turno de Ciudad del Este. Según la resolución:
Desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2025, interinará la magistrada Cynthia Rossana Pineda Morel, actualmente jueza del Segundo Turno de Presidente Franco. A partir del 1 de enero de 2026, ocupará el cargo Gabriela Maricel Meaurio Samudio, titular del Primer Turno de Ciudad del Este.
En el Juzgado del Segundo Turno también se anunciaron las siguientes interinancias: Del 1 de abril al 31 de agosto de 2025, será interino Juan Vicente Pereira Vera, juez del Cuarto Turno. Del 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, ocupará el cargo Gabriela Noemí Ramírez Morínigo, del Quinto Turno. A partir del 1 de marzo de 2026, tomará la posta Victoriana Cáceres Duarte, del Tercer Turno. El problema radica en que casi todos los jueces arrastran denuncias o son objeto de duras críticas por su lentitud o presuntas conductas antiéticas.
FUERTES CUESTIONAMIENTOS
De acuerdo con el abogado Mauro Barreto, miembro del Colegio de Abogados del Alto Paraná, las magistradas Gabriela Maricel Meaurio y Victoriana Cáceres Duarte se encuentran entre las más cuestionadas del foro local.
Meaurio ha sido denunciada por su actuación parcial en el caso del ciudadano Guillermo Fischer Rudolf, despojado de un inmueble de cinco hectáreas en Minga Guazú. La jueza fue acusada de favorecer a la contraparte, representada por Osvaldo Sánchez Jara, un abogado que habría mantenido una relación sentimental con ella en el pasado. Pese al evidente conflicto de intereses, la magistrada no se inhibió, lo que derivó en una denuncia por prevaricato ante el Ministerio Público y la Superintendencia de la Corte, presentada por el propio Barreto.
Por su parte, la juez Victoriana Cáceres enfrenta ocho denuncias formales por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entre las causas se encuentran procesos de sucesión, usucapión, resolución de contrato, cobro de mejoras, daños y perjuicios e incluso una acción ejecutiva. Sin embargo, ninguna de estas denuncias ha prosperado: todas han sido inexplicablemente archivadas o ignoradas, lo que para muchos confirma una complicidad estructural en el sistema judicial.
Según Barreto, las denuncias por morosidad se acumulan en los respectivos despachos, generando pérdidas económicas, angustia e incertidumbre en cientos de ciudadanos que recurren a la justicia esperando respuestas. En ese contexto el más señalado es Juan Vicente Pereira, juez del cuarto turno.
La situación es tan grave que hasta la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ha sido señalada por los abogados como “un verdadero drama”, donde las resoluciones se dictan con lentitud sospechosa y, según algunos, en función de intereses económicos.
ACORDADA NO SE CUMPLE
Por Acordada Nº 1620, del 16 de febrero de 2022, la Corte Suprema dispuso que todos los jueces del país deben presentar informes cuatrimestrales sobre expedientes pendientes. Sin embargo, esta disposición no ha tenido ningún impacto en la justicia civil del Alto Paraná, donde el retardo judicial persiste y se agudiza, sin consecuencias visibles para los magistrados incumplidores.
Frente a este escenario, la comunidad jurídica clama por una auditoría urgente e integral de los Juzgados Civiles del Alto Paraná. Se exige a la Corte Suprema y al JEM que actúen con firmeza para identificar a los jueces que no cumplen con sus funciones, y para aplicar sanciones ejemplares que devuelvan algo de credibilidad al sistema judicial.
