La fiscal Natalia Montanía pidió la rebeldía de dos líderes de una comunidad indígena que encabezaron presuntamente una invasión a una propiedad perteneciente a la firma Agroganadera Santa Felicidad S.A., la cual actualmente es administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Los procesados son Bienvenido Núñez Pereira (36) y Graciela Ortiz Palacios (59), quienes enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno. Ambos permanecen con paraderos desconocidos y prófugos de la Justicia.
La Fiscalía tiene sospechas fundadas de que, el 8 de agosto de 2024, los imputados, en calidad de líderes de la comunidad nativa “Ysyry Miri San Antonio” y en concierto con otras aproximadamente 20 personas, ingresaron por segunda vez de forma clandestina al inmueble individualizado con la matrícula Nº k01/9565, en el distrito de Hernandarias.
Los mismos levantaron construcciones de viviendas precarias con intenciones de instalarse en el lugar, a pesar de que previamente el Ministerio Público había realizado un procedimiento de cese de hecho punible y rectificación de conducta en la propiedad, la cual está a cargo de la Senabico desde el 19 de abril de 2024 y administrada por la empresa tercerizada GYBA S.A., a cargo de Martín Cabral Gosling.
El responsable de la administración de la propiedad había presentado una denuncia cuando el 13 de junio de 2024, a las 09:00 horas, un funcionario de nombre Carlos Da Silva, por instrucciones de Hussein Mounir Mouzannar, le impidió el ingreso al establecimiento cuya administración está a su cargo por disposición judicial. En esa misma fecha, Cabral Gosling denunció la ocupación de una parte de la propiedad por indígenas y autodenominados campesinos sin tierras, conforme consta en la carpeta de investigación fiscal.
Luego, el 19 de junio, a las 17:00 horas, agentes policiales de la zona constataron la presencia de unos 20 indígenas de la parcialidad Ava Guaraní (hombres, mujeres y niños) en la propiedad de 1.033 hectáreas. También el 25 de junio se recibió otra denuncia, esta vez realizada por el abogado Rolando Aquino, sobre el atropello que habría perpetrado un grupo de unas 100 personas, entre nativos y presuntos sin tierras, portando machetes, garrotes y otros elementos contundentes. Los invasores construyeron viviendas precarias con carpas, demostrando además conductas agresivas y sin intenciones de identificarse ni de desocupar el inmueble.
En el marco de la ocupación violenta de los indígenas y supuestos campesinos sin tierras, el representante de la firma informó al Juzgado ante el cual se tramita la inmovilización de activos financieros (Ley 6419/2019). A continuación, con el afán de dilucidar el hecho denunciado, la Fiscalía dispuso la verificación de la finca, ocasión en que se confirmó la presencia del grupo de personas, siendo notificado el entonces cacique Bienvenido Núñez.
Al ser sindicados los indígenas como los supuestos invasores, la Fiscalía dio intervención al Indi y a la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público. Posteriormente, advirtieron a los nativos que el inmueble en cuestión no pertenece al Indi y que debían desocupar el lugar. El 17 de julio, una comitiva fiscal-policial se constituyó en la finca e instó a los ocupantes a rectificar la conducta y salir del sitio.
El 7 de agosto de 2024, el Ministerio Público, juntamente con la Policía Nacional, Derechos Humanos, Derechos Étnicos de la Fiscalía General del Estado y representantes de la Senabico, realizaron el procedimiento de cese del hecho punible y la rectificación de la conducta. En esa ocasión, los ocupantes retiraron sus pertenencias del lugar y salieron del inmueble.
Sin embargo, el 12 de agosto, la Fiscalía recibió una nueva denuncia de que la población indígena y de la Federación Nacional Campesina volvió a ingresar en la propiedad, expresando que no desocuparán el lugar hasta que el Gobierno se expida sobre un pedido de expropiación pretendida.
En prosecución de la investigación, se pudo identificar a Bienvenido Núñez Pereira y Graciela Ortiz Palacios, líderes de la comunidad indígena, como los cabecillas de la ocupación ilegal. Por lo tanto, la fiscal Natalia Montanía ordenó la detención de los citados con la consecuente imputación y pedido de rebeldía al Juzgado Penal de Garantías.
Previamente, el fiscal Adolfo Santander también había imputado a tres supuestos líderes de la Federación Nacional Campesina de la colonia Toryvete de Hernandarias, quienes igualmente habrían estado involucrados en el atropello a la propiedad ajena. Los citados están identificados como Marcial Acosta Garayo, Eusebio Ayala Brítez y Rómulo Duarte Paredes.
