Un proyecto de ley propone la gratuidad en la expedición de certificados de antecedentes policiales y judiciales, cuyos costos actuales son de G. 24.500 y G. 39.236, respectivamente. El proyectista de la normativa es el senador colorado Derlis Osorio, quien argumentó que la propuesta busca aliviar la carga económica de las personas desempleadas que necesitan estos documentos para postularse a empleos formales. “Se convierte este trámite en un gran obstáculo o trampa para la obtención de un puesto de trabajo digno”, justificó.
Para acceder al mercado laboral, como requisito indispensable se solicita al postulante la presentación de estos documentos que sirven de barrera para aquellos que tuvieron o tienen problemas con la Justicia o con la Policía Nacional. El proyecto, presentado el pasado 23 de abril, será analizado por las comisiones de Legislación; Codificación; Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado y Desarrollo Social para su dictamen y posterior tratamiento en el pleno de la Cámara Alta.
No obstante, y pese a que el propósito del proyectista cayó muy bien en la ciudadanía, existen situaciones muy evidentes que se tienen que tener en cuenta, ya que el canon cobrado por la expedición de los documentos ayuda de alguna manera a sostener las arcas del Estado, por lo que tendrá una fuerte oposición en el momento de su debate, especialmente en el ala oficialista del Partido Colorado.
