
En la colonia Chino Cue, distrito de Itakyry, se conformó una mesa coordinadora para lograr la legalización de las tierras de los campesinos, quienes hace casi 30 años luchan por tener todo en orden. Los lugareños dijeron que temen desalojos con “documentos inventados” y que los costos que establecen desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra son demasiado elevados, imposibilitando que puedan regularizar su situación.
El domingo pasado realizaron una reunión con los miembros de 17 comunidades de Chino Cue y resolvieron que insistirán con el Indert para legalizar sus tierras. Indicaron que si no avanzan con las negociaciones, viajarán hasta la capital del país para manifestarse frente a la sede de la institución. Las irregularidades que se hicieron en diversas administraciones nunca fueron investigadas, según indicaron.
Reinaldo Samudio es el titular de la mesa coordinadora y explicó que Chino Cue tiene una extensión total de 18 mil hectáreas, de las cuales solo 3.500 están legalizadas. Contó que nunca avanzaron con las conversaciones con los responsables del Indert, lo que hizo que la población en la zona vaya disminuyendo con el paso del tiempo.
Asimismo, explicó que se fijaron precios muy elevados por cada hectárea de tierra, montos que el campesino promedio jamás podría tener para pagarlos. “Hay zonas que están entre G. 100 millones o más por cada hectárea y lo más accesible es G. 14.800.000 por cada hectárea. A mi parecer, ni los sojeros querrán pagar ese costo, porque ya es muy caro”, añadió.
LA PROPUESTA
Los pobladores de Chino Cue han planteado al titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, pagar entre G. 5 a 10 millones por cada hectárea, pero el funcionario se cerró totalmente a esa posibilidad, asegurando que la decisión ya fue tomada. Sin embargo, los labriegos de Chino Cue cuentan con respaldo jurídico y aseguran es posible mediante modificaciones que pueden hacerse en forma administrativa o por medio de una nueva normativa.
“Acá lo que se ve es que no tienen voluntad de ayudarle al campesino, hasta parece que todo está preparado para que puedan acceder los terratenientes. ¿Cómo creen que quienes nos dedicamos al cultivo de la mandioca, vamos a tener esa cantidad de dinero para pagar por las tierras? Además, sin documentos en regla, no podemos acceder a ningún crédito para mejorar nuestros cultivos”, dijo el titular de la mesa coordinadora.
SUCESIVOS NEGOCIADOS
Samudio explicó que durante la gestión de Justo Cárdenas al frente del Indert se desarrollaron varios negociados que impidieron el avance de los trámites de legalización de sus inmuebles. Habló de un canje que les ofrecieron por 12 hectáreas de terrenos en el Chaco, por cada hectárea que tengan en Chino Cue, pero tal cosa nunca existió.
Cárdenas fue condenado en septiembre de 2023 a siete años de prisión por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. De acuerdo a los antecedentes, el extitural del Indert y su familia no pudieron justificar la suma de G. 4.164 millones de diferencia que se encontró en su poder.