Pobladores de la comunidad R.I. 14 Sur, de Juan E. O´Leary, se manifestaron ayer a la altura del Km 256 de la ruta PY 02 con bloqueos intermitentes, para exigir al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra que realice las gestiones necesarias para que puedan ser dueños de los inmuebles que ocupan hace 30 años. Existe una posibilidad que sean desalojados ante el incumplimiento de algunas cuestiones, según explicó el concejal municipal César Acosta, que acompañó al grupo.
Según explicó el edil, las tierras pertenecen a la familia Peña de Asunción, dueños de la empresa de transportes Rysa S.A. y a Francisco Frizzen, de la alcoholera Torín, con sede en Campo 8 (Caaguazú). Ambos están abiertos a negociar sus tierras con el Indert para que los ocupantes pasen a ser los verdaderos propietarios, pero no se avanzó mucho y existe una acción judicial de por medio.
“Lo que sabemos es que los costos que solicitaron por cada hectárea de tierra eran muy elevados y el Indert advirtió que no tenía condiciones de pagarlo. Primero pidieron G. 45 millones por hectárea, luego se bajó a 27 millones, pero no sabemos si eso es lo que habitualmente el ente paga o es un monto menor, pedimos que haya esa voluntad política para solucionar esto”, expresó el concejal Acosta.
Los pobladores que ingresaron a la propiedad tienen sus casas y cultivos. La comunidad ya cuenta con escuelas, un colegio agrícola, iglesia, servicios básicos y otros. El edil no supo explicar cómo se dio el ingreso de las familias a las tierras que son de terceros, pero aseguró que se ha iniciado la negociación para desafectarlas.
RECURREN A AUTORIDADES E INSTITUCIONES
Se habla de 500 familias afectadas, pero en la movilización estuvieron solamente 150 personas que también hicieron el lobby con el gobernador César Torres, los concejales departamentales y diputados nacionales. No descartan llegar a la sede del Indert, porque han pasado varias administraciones sin tener ninguna definición sobre la cuestión.
El concejal Acosta explicó que se ha conversado con los dueños de las tierras y los plazos se fueron extendiendo para evitar que se ordene un desalojo. “Los dueños se muestran abiertos, pero también quieren el pago por las tierras que esa gente ocupa. Ya logramos extender un plazo por 90 días, que ya venció. Sabemos que los abogados están haciendo trámites en un Juzgado de Primera Instancia de Ciudad del Este para aplicar el desalojo”, añadió.
Los afectados piden que el Indert sea transparente con ellos, que tomen acciones para que las tierras pasen a ser de las 500 familias que ocupan hace más de 3 décadas. El edil dijo que los pobladores del sector ya están cansados de la indefinición y que de ser necesario irán hasta la sede central del ente en Asunción.
De acuerdo a los antecedentes, la extitular del ente, Gail González Yaluff, anunció la regularización y titulación de cinco colonias y asentamientos en el distrito, en el año 2022, pero los trámites no avanzaron. Habló de trabajos técnicos y gestiones interinstitucionales para agilizar la expedición de títulos de propiedad, así como la construcción de sistemas de agua potable, conforme a la disponibilidad presupuestaria de la institución, sin que se haya logrado nada.
