Partiendo de la base del poco tino, y tremenda desinteligencia, entorpecer la labor de los trabajadores de plataformas digitales de transporte, para favorecer a los taxistas en Ciudad del Este, es un asunto que debió merecer una reflexión profunda y equilibrada. Esta situación no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y tecnológicas, afectando tanto a los usuarios como a los trabajadores de ambos servicios.
Desde el contexto económico, entorpecer la labor de los “plataformeros” puede ser contraproducente. Las plataformas de transporte como Uber, Bolt, y otras similares han traído una competencia saludable al mercado. Esto es hasta básico para quien se prese de profesional del rubro y que incluso aspira a ser ejecutivo comunal.
Esta competencia no solo obliga a los taxistas tradicionales a mejorar sus servicios y precios, sino que también ofrecer a los consumidores más opciones y mayor disponibilidad de transporte.
En lugar de proteger a los taxistas mediante restricciones, una mejor solución sería fomentar una competencia justa que beneficie a todos. Eso sí sería un planteamiento provechoso para la comunidad en general, y no solo para eventualidades electorales.
Los trabajadores de plataformas digitales son, en su mayoría, personas que buscan flexibilidad laboral y una oportunidad para generar ingresos adicionales. Obstaculizar su trabajo puede llevar a una reducción de oportunidades económicas para estos individuos. Es torpeza lo del intendente Miguel Prieto y secuaces.
En cualquier ámbito económico desafiante, limitar oportunidades tendrá impacto negativo significativo en muchas familias que dependen de este tipo de ingresos. Esto es hasta de sentido común.
Los usuarios de plataformas digitales de transporte generalmente valoran la conveniencia, la transparencia en los precios y la calidad del servicio. En la práctica, el propósito de impedir que estos servicios operen libremente, es hacer que los consumidores se vean obligados a depender exclusivamente de los taxistas tradicionales, quienes pueden no ofrecer el mismo nivel de servicio o disponibilidad. Es una cuestión de costo-beneficio el que se busca romper, en detrimento de la ciudadanía.
Las plataformas digitales representan el avance tecnológico y la innovación en la industria del transporte. Vedar su operación es, en esencia, resistirse al progreso.
La adopción de nuevas tecnologías suele ser un motor de desarrollo y modernización, y bloquear este progreso puede mantener a Ciudad del Este estancada en prácticas obsoletas. Poco seso y mucha codicia.
En lugar de implementar medidas que obstaculicen a las plataformas digitales, una regulación equitativa que nivele el campo de juego debía ser la solución más sensata.
El municipio tiene obligación de mejorar los servicios, garantizar la competencia que beneficie a sus ciudadanos no a gremios que por visión retrógrada no quieren salir del molde de básico.
La praxis errónea de entorpecer la labor de los trabajadores de plataformas digitales, para favorecer a los taxistas en el Este, es un enfoque miope que ignora los beneficios más amplios de la competitividad y la innovación.
Asegurar un desarrollo sostenible y una mejora continua en la calidad de los servicios de transporte en la ciudad, es el primer deber de las autoridades municipales, no ser cómplices de la mediocridad.
