Desde hace añares diferentes autoridades inescrupulosas han sustentado su enriquecimiento ilícito en negociados con inmuebles municipales y privados, incluso por sobre padecimientos de ocupantes legales.
Ya con las permanentes invasiones a propiedades, se pudo determinar con meridiana claridad el 99,99% de los casos fueron fomentados por actores políticos y funcionarios públicos, que además de beneficiar a gente poco apegada al trabajo, les generó recursos a sus propios bolsillos.
Muchos de los casos ocurridos en la zona, y puntualmente en Presidente Franco, tienen el mismo esquema de acción de malvivientes que fungen de representantes del pueblo, valiéndose de artimañas con anuencia de seudo dirigentes sociales y politiqueros, incluidos legisladores, que se valen de influencias y fomentan la impunidad.
El modus operandi ha logrado que sinvergüenzas se apropien de tierras sobre la ruta internacional, zonas de privilegios, arropándose de supuestas necesidades y de pertenecer a sin techos.
La falta de vergüenza de muchos, abalada por la mezquindad política de autoridades, fomentó el atropello a un derecho totalmente vulnerado por la codicia de ediles y empleados estatales.
El esfuerzo de un ciudadano para lograr un bien, también podría ser imitado por quienes asquerosamente se valen de jerarquías para usurpar.
Es sumamente injusto privilegiar a gente que no gusta del trabajo normal y ordinario, y que sobrevive como parásito a costas de otros.
El ser humano desde sus orígenes ha tenido que esforzarse por lograr vivienda, alimentación y mediana seguridad. Si todo esto es algo del derecho natural, los que invaden, los que atropellan, los que despojan están yendo contra los mismos principios de la esencia humana.
Ahora bien, mirarlo desde el punto de vista de la astucia, deteriora aún más la de por sí dañina especulación sobre terrenos municipales.
Terrenos habitados hace décadas, incluso trabajadas y en pleno microcentro de las urbes, no son errores menores, sino premeditadamente seleccionadas. Los sinvergüenzas que ni siquiera se ruborizan cuando delinquen merecen sanciones penales ejemplificadoras.
De ninguna manera pueden tener proteccionismo estas conductas, y menos aun cuando provienen de representantes del pueblo en pleno Legislativo.
Permitir la permanencia de esta plaga social de los atropellos al derecho a la propiedad será la manera de conservar vivas las irregularidades.
Manipular normativas municipales, falsear datos y recurrir a la intimidación, son acciones mafiosas que deben ser tratadas como tal.
La ciudadanía no solo puede ser espectadora de cómo sus legisladores se ocupan en avalar invasiones y despojar inmuebles, mientras ni siquiera produce un proyecto que beneficie a sus representados. Dejar impunes a actores morales, no debe ser opción.
