Esta situación se viene repitiendo en varias instituciones de la zona, poniendo a la comunidad educativa de diversas localidades en pie de guerra. Si bien la mayoría las quejas son generalizadas en los grupos de WathsApp, normalmente quedan solo en eso, ya que los padres no se animan a elevarlas al nivel de las instituciones pertinentes, debido al temor a represalias contra sus hijos o incluso a ellos mismos por parte de los directivos o docentes.
Casos similares se dieron en la Escuela Espíritu Santo del Área 4, donde los padres también denunciaron el uso exclusivo de remeras y equipos deportivos de una sola empresa, que ofrecería ciertas ventajas como regalías para la institución y los equipos. En su momento, los padres también hablaron del pago de un porcentaje a los directivos por parte de la empresa, pero ninguno realizó una denuncia responsable y oficial, quedando todas las acusaciones en el famoso “opareí”.
Otro de los casos se da actualmente en la Escuela del Área 1, donde la exclusividad para una determinada marca se viene dando en el tercer ciclo desde el año pasado, donde los padres llegaron a abonar la suma de G. 85.000 por remeras. Ahora el contrato de exclusividad ya alcanzó al nivel inicial hasta el 6to grado, sumando una cantidad mínima de 800 alumnos, quienes deberán pagar la suma de G. 65.000 por cada remera. En caso que todos compren, la empresa beneficiada debe recibir G. 52 millones.
Esta situación -como cada año- generó una ola de críticas, conflictos y hasta enfrentamientos dentro de la comunidad educativa, que finalmente termina acatando las disposiciones y todo se vuelve a repetir el año siguiente.
Las empresas de confección de atuendos deportivos ofrecen oficialmente una especie de “beneficio” a las instituciones con quienes cierran trato, como la provisión de banderas, standartes, trofeos, pintura de canchas, provisión de redes, pelotas, entre otros. Lo que hasta la fecha nadie pudo probar es el rumor de que los directivos reciben un porcentaje por cada remera o atuendo vendido.
Pese a las inúmeras quejas que se generan cada año, ninguna institución ha tomado cartas en el asunto. Tampoco el MEC ha dispuesto la suspensión de estos contratos exclusivos que atentan contra la economía de las familias, especialmente las de escasos recursos.
