La Fiscalía de Ciudad del Este, ubicada en el área X, es hoy un reflejo de la negligencia y la falta de gestión que afecta a una de las instituciones más importantes del sistema judicial paraguayo. Las instalaciones, que deberían ser un lugar de respeto y profesionalismo, se encuentran en un estado deplorable, resultado directo de la inoperancia del fiscal adjunto Jorge Sosa, cuyas acciones—o más bien, la ausencia de ellas—han llevado a la sede del Ministerio Público a un deterioro alarmante. En vez de cumplir con sus funciones administrativas, Sosa encabeza procedimientos que corresponderían a unidades de Delitos Marcarios, según indicaron fuentes fidedignas.
Desde la falta de mantenimiento básico hasta la total desidia en la gestión de recursos, el edificio muestra grietas en las paredes, humedad persistente, y pintura que se descascara día a día. Los sanitarios, uno de los aspectos más críticos, están en condiciones insalubres. Los inodoros están fuera de servicio, las puertas rotas, y un hedor invade el lugar debido a la falta de mantenimiento y de suministros básicos como agua y papel higiénico. Estas condiciones no solo afectan a los abogados y funcionarios que deben usar estas instalaciones diariamente, sino que también representan una seria violación a las normas de salud pública.
La situación es tan grave, que los propios funcionarios se ven obligados a cubrir los costos del personal de limpieza de sus bolsillos, en un intento desesperado por mantener un mínimo de dignidad en su lugar de trabajo. Mientras tanto, según múltiples fuentes, el fiscal adjunto Jorge Sosa se mantiene ausente de sus deberes, no solo en términos de gestión de la infraestructura, sino también en sus funciones fundamentales. Existen denuncias de que Sosa, en lugar de atender la grave crisis en su jurisdicción, se dedica a arrogarse funciones que corresponden a los fiscales de Delitos Marcarios, una conducta que ha generado malestar entre sus colegas y que ha sido denunciada públicamente por abogados que han llevado su queja a los medios de comunicación.
El abandono de la sede del Ministerio Público en Ciudad del Este no es un problema reciente, sino que ha sido un reclamo constante por parte de los profesionales del derecho y de la comunidad en general. Hace años se solicita la construcción de un nuevo edificio que cumpla con las mínimas condiciones de operatividad y dignidad, pero estas peticiones han caído en oídos sordos. La excusa más común ha sido que el edificio actual es un local prestado por Itaipú, lo que supuestamente ha frenado las inversiones necesarias. Sin embargo, esta justificación no exime de responsabilidad al fiscal adjunto, cuya falta de gestión proactiva solo ha agravado la situación.
El patio de la sede es igualmente peligroso, con fosas de conexiones eléctricas expuestas que representan un riesgo latente para todos los que transitan por allí. Las sillas en la sala de espera están en un estado deplorable, muchas sin respaldo, lo que suma incomodidad a la espera de justicia en un lugar que debería inspirar confianza.
La comunidad legal de Ciudad del Este ya no puede tolerar esta situación. Las quejas son diarias y la inacción del fiscal adjunto Jorge Sosa se ha convertido en un tema de indignación generalizada. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para resolver esta crisis, que no solo afecta la imagen del Ministerio Público, sino que también pone en riesgo el funcionamiento del sistema judicial en una región tan importante como Ciudad del Este.
