La fiscal Alma Zayas, señalada por su supuesta inclinación hacia una justicia selectiva y por favorecer al sector oficialista del Partido Colorado, fue designada la semana pasada como Fiscal Adjunta por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta fue impulsada por el presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, y aprobada con seis votos a favor y dos en contra. Zayas ha sido ampliamente criticada por su manejo de causas judiciales, favoreciendo a figuras vinculadas al cartismo, como el intendente hernandariense Nelson Cano, y persiguiendo con rigor a opositores políticos como Miguel Prieto (Yo Creo). La misma además contaría con la protección y beneplácito del actual fiscal general Emiliano Rolón.
La designación de Zayas, conocida por su cercanía al movimiento liderado por el expresidente Horacio Cartes, generó controversias debido a sus decisiones en casos sensibles. Apenas dos días después de su nombramiento, la fiscal consiguió la desestimación de las causas abiertas contra Jorge Bogarín, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y exrepresentante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. Bogarín había sido señalado por los Estados Unidos como «significativamente corrupto», sospechoso de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La resolución, que favorece al sector cartista, fue gestionada por la fiscal Zayas y ejecutada por el juez Humberto Otazú, quien aceptó la solicitud de desestimación de las causas.
Zayas ha sido cuestionada por su manejo diferenciado en casos relacionados con autoridades municipales, dependiendo de su afiliación política. Un ejemplo claro es el expediente que involucra al intendente de Hernandarias, Nelson Cano, miembro del Partido Colorado, quien está acusado de varios delitos graves, como lesión de confianza, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y peculado. A pesar de que la denuncia fue presentada a casi dos años, el caso permanece sin avances en la unidad a cargo de Zayas, lo que ha generado indignación en sectores políticos y sociales.
La concejal de Hernandarias, Nilda Venialgo, en una entrevista reciente señaló que en noviembre se cumplirán dos años desde la presentación de la denuncia sin que se hayan realizado diligencias significativas. La denuncia, presentada inicialmente ante la Contraloría General de la República, fue luego remitida al Ministerio Público, donde recayó en la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, dirigida por Zayas. A pesar de las pruebas contundentes, que incluyen la compra fraudulenta de una propiedad que ya era municipal, el caso sigue congelado, beneficiando así al intendente Cano.
El esquema de corrupción denunciado involucra la adquisición de un terreno supuestamente perteneciente a una iglesia, pero que en realidad ya era propiedad del municipio. La transacción, aprobada por Cano y varios concejales oficialistas, se concretó por un monto superior a los G. 3.600 millones, una cifra exorbitante, dado que la finca ya formaba parte del dominio municipal.
En contraste, Zayas actuó con celeridad en el caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien fue imputado por lesión de confianza en el marco del conocido caso «Tía Chela», relacionado con la compra de kits de alimentos durante la pandemia. La rapidez con la que Zayas impulsó la imputación de Prieto, un político independiente ajeno al Partido Colorado, ha sido vista como una muestra de su manejo discrecional de la justicia.
La diferencia en el tratamiento de ambos casos refleja una evidente parcialidad en el accionar de Zayas y del Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal general Emiliano Rolón. Mientras que el caso de Nelson Cano sigue paralizado, el de Prieto avanzó con rapidez, evidenciando una persecución judicial desproporcionada hacia opositores al cartismo.
La reciente designación de Zayas como Fiscal Adjunta ha puesto de manifiesto la falta de imparcialidad dentro del Ministerio Público, donde los procesos judiciales parecen depender de la afiliación política de los involucrados. Si bien Emiliano Rolón había prometido una justicia igualitaria al asumir como Fiscal General del Estado, los hechos recientes muestran que aquellos vinculados al oficialismo permanecen impunes, mientras que figuras de la oposición son objeto de un rigor desmedido.
