El familiar de una mujer asesinada supuestamente por agentes de la Policía Nacional, presentó formal denuncia ante el Ministerio Público en contra de la juez Cinthia Garcete y el fiscal Alcides Giménez. Fue por cohecho pasivo agravado. Igualmente fue solicitado para que la pesquisa sea llevada a cabo por agentes fiscales de la Unidad Anticorrupción de Asunción.
Por la comisión de supuesto hecho punible contra el ejercicio de la función pública (cohecho pasivo agravado), previsto en el artículo 301, inciso primero del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso primero del mismo cuerpo legal, la juez Cinthia María Garcete Urunaga y el fiscal Alcides Giménez Zorrilla, fueron denunciados.
De acuerdo a los datos, en la causa Nº 16416/22 están procesados los agentes policiales Richard Antonio Sebriano Silvero, Hugo Regis Florentín, César González Agüero, Javier Antonio Martínez Ocampos, Manuel Ramón Villalba Gómez y Alfredo Villalba Agüero. También están Rubén Darío Giménez Maidana, Jaime Javier Ramírez Brítez, Roberto Samaniego Parquet, Alder Centurión Céspedes y Pedro Osvaldo Brítez Achar.Todos ellos fueron acusados por el asesinato de una pareja conformada por Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y Gloria Yetsica Espínola Cáceres. El suceso se registró el 19 de noviembre de 2022 en el Km 12 Acaray, a unos 6.500 metros de la ruta internacional.
En esta causa fueron designados tres agentes fiscales para la pesquisa, a raíz de que están involucrados 11 agentes de la Policía Nacional en servicio activo. El equipo estaba encabezado por la entonces agente fiscal Vanesa Candia, mientras que los otros dos no tuvieron activa participación. A raíz de la gravedad de lo ocurrido, la representante de la ciudadanía había solicitado un plazo extraordinario.
Posterior a eso, la entonces fiscal Candia solicitó que la recusaran y se apartó de la pesquisa. Asumió la titularidad Alcides Giménez, quien habría actuado de manera bastante complaciente a favor de los encausados. Los agentes policiales fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión. Todos están con reclusión domiciliaria firmada por la juez Garcete.
Ante esta situación los dos fueron denunciados, inicialmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y ahora ante el Ministerio Público por cohecho pasivo agravado.
MACABRO PLAN DE ABOGADOS
Se menciona que la juez Cinthia Garcete, junto con el fiscal Alcides Giménez, organizaron la jugada y pidieron que todos los procesados estén representados por los mismos abogados.
Se presume que la intención era que presenten todos juntos el monto de dinero que se habría exigido para lograr los beneficios. Además de la necesidad de contar con un fiscal que no ponga ninguna objeción. Se apartó Vanesa Candia y asumió en su reemplazo de manera interina Alcides Giménez. Según la denuncia, el mismo sería un hábil recaudador del Ministerio Público.
Igualmente se menciona en el escrito de la denuncia que la magistrada y su equipo supuestamente recibieron la suma de G. 300 millones. Los abogados que entraron en la jugada serían Mario Ricardo Colina Silvero y Enrique Javier Ocampos González. Todos ellos comandados por un abogado que es también comisario principal retirado.
Este plan había llegado a conocimiento de una abogada, defensora de uno de los involucrados en el suceso. El denunciante y su patrocinante coincidieron en afirmar que revelarán la identidad de la misma en el momento de prestar declaraciones ante la unidad especializada asignada.
Se agregó en el escrito de la denuncia que supuestamente la mitad del monto mencionado fue destinado para el fiscal para hacerse del desentendido y la otra mitad para el Juzgado. Mario Ricardo Colina Silvero sería un profesional sin ningún mérito como tal, pero un hábil negociador que trabajaría con varios fiscales y asistentes fiscales.
JUZGADOS Y FISCALES DE ASUNCIÓN
En el escrito de presentación de denuncia fue solicitado que se realicen las diligencias solicitadas en la brevedad posible. Además, que sean derivadas ante una unidad especializada anticorrupción de la ciudad de Asunción. Igualmente que el Juzgado también sea de la capital del país.
Es por la existencia de constantes negociados en la Fiscalía de Ciudad del Este y que los propios fiscales y jueces de la zona suelen ser cómplices en los hechos punibles. El 25 de setiembre de 2023 fue fijada la fecha para el requerimiento fiscal. Mientras tanto los 11 agentes policiales involucrados ya se encuentran con reclusión domiciliaria.
