El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), se presentó ayer a prestar declaración ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de Asunción. Es por el caso de compras de insumos para panadería en plena pandemia del Covid-19. El jefe comunal aseguró que es inocente y que la Fiscalía no tiene argumentos consistentes para sostener la imputación.
“Yo soy inocente. Nosotros compramos y entregamos los kits. Compramos los insumos, fabricamos el pan y entregamos el pan”, dijo Prieto al referirse al caso “Tajy”, empresa unipersonal de la cual supuestamente compró insumos para la elaboración de panificados en la pandemia del Covid-19. Sin embargo, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, lo imputaron por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, así como a otras doce personas.
Según el Ministerio Público, entre marzo y junio del 2020, Prieto habría convocado y promovido la licitación para adquirir por vía de la excepción, insumos para panificados que irían destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia, aunque los fiscales sostienen que todo el proceso de compra pública estaría “direccionado y amañado” para favorecer a una estructura jurídica funcional. Al respecto, Prieto desafío a la Fiscalía a que presente pruebas. “Si cometí un delito en el ejercicio de mis funciones, llévenme preso, pero tampoco estén inventando causas sin poder justificarlas. Que presenten pruebas concretas en mi contra, si tienen, que no inventen. Yo soy inocente”, dijo en tono desafiante.
No obstante, los fiscales fueron contundentes en el momento de presentar la acusación y señalaron con firmeza que “en la comuna de Ciudad del Este se conformó un esquema criminal encabezado por el intendente Miguel Prieto e integrado por funcionarios, directores y particulares”, con el objetivo de desviar dinero de la municipalidad.
CHICANAS
Prieto insiste en su inocencia y pasa por alto u omite hablar de las innumerables chicanas que presenta su equipo de abogados, con el visible interés de forzar la prescripción de su causa y evitar ir a juicio oral. Hasta el momento, las chicanas son las que vienen dilatando la prosecución de la causa, sin que las autoridades judiciales llamen la atención a los abogados.
Prieto carga en su espalda más de 40 denuncias, la mayoría por supuestos hechos de corrupción, por lo que podría ser sancionado con alguna medida judicial de privación de libertad.
