El próximo 10 de noviembre, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), cumplirá más de la mitad de su mandato (3 años), con una pesada mochila que carga sobre sus hombros, más de 40 denuncias penales, la mayoría por hechos de lesión de confianza.
Prieto no tendrá nada que celebrar, teniendo en cuenta que tiene dos imputaciones, dos pedidos de prisión y embargo de bienes, solo en dos de las más de 40 causas penales que pesan sobre el mismo. Ambas denuncias son de la época de la pandemia del Covid-19 (2019-2020), por la amañada contratación de empresas amigas y la ficticia distribución de kit de alimentos, según la carpeta fiscal. Hasta el momento, el jefe comunal y sus demás “colaboradores” zafaron de la Justicia mediante chicanas.
El 10 de abril, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar a la imputación formulada por el Ministerio Público en contra del intendente de Ciudad del Este, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado dispuso la aplicación de medidas cautelares contra los 13 imputados en esta nueva carpeta fiscal abierta y, al mismo tiempo, ordenó el embargo preventivo de los bienes de los imputados, además de la inhibición general de vender y gravar sus bienes.
Las dos causas en las que Prieto y su entorno están procesados son conocidos como los casos de “Tía Chela” y “Tajy”. El Ministerio Público sostiene que en la Municipalidad de Ciudad del Este existe un esquema liderado por el jefe comunal, apoyado de su “gente de confianza”, que desviaba dinero de la comuna a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando un perjuicio patrimonial multimillonario al municipio.
