El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, denunció que enfrenta un «terrorismo de Estado» a través de una persecución judicial orquestada en su contra. Acompañado por su equipo jurídico y varios aliados políticos, exigió a la Fiscalía General del Estado la auditoría de 31 causas en las que, según sus abogados, ya se debió haber dictado la desestimación. El jefe comunal exteriorizó sus sospechas de que, de esta forma, poderes extrajudiciales buscan sacarlo de la carrera presidencial para el 2028.
Prieto afirmó que en al menos tres casos, la propia Fiscalía había solicitado la desestimación en base a peritajes realizados en 2021, los cuales concluyeron que las obras denunciadas fueron ejecutadas, que los precios eran adecuados y que no existía sobrefacturación. Sin embargo, ningún juez se animó a dictar la desestimación.
Según el intendente, de las 42 causas abiertas en su contra, 31 ya deberían haber sido cerradas por falta de elementos probatorios, mientras que las restantes 11 corresponden a denuncias más recientes. «Lo que el Ministerio Público y la Justicia están haciendo es terrorismo de Estado. Están tratando de frenar nuestro modelo de gobierno», sostuvo Prieto.
CASOS CUESTIONADOS
Entre las causas que siguen abiertas se encuentra la investigación por presunta sobrefacturación en la perforación de pozos artesianos. En este caso, el fiscal Juan Manuel Ledesma había solicitado la desestimación tras un peritaje favorable a Prieto. No obstante, la jueza Teresita Cazal mantuvo el caso encajonado durante dos años y luego derivó la causa a la Unidad Penal Nº 8 de Asunción, a cargo del fiscal Silvio Corbeta.
El intendente denunció que Corbeta intervino sin una resolución de asignación de la Fiscalía General del Estado y, pese a que otro peritaje confirmó su inocencia, la causa sigue sin ser cerrada.
Otra causa emblemática es la investigación por lesión de confianza y administración en provecho propio, relacionada con la adquisición de insumos para panificados distribuidos durante la pandemia. En este caso, Prieto denuncia la adulteración de la carpeta fiscal y la sustracción de pruebas. Además, asegura que la fiscal Alma Zayas presentó una acusación en su contra el 8 de octubre de 2024, a pesar de que había sido designada fiscal adjunta de Concepción desde el 2 de octubre, lo que la dejaba inhabilitada para actuar en este caso.
Prieto también criticó la falta de celeridad en la resolución de sus causas, asegurando que algunos fiscales y jueces están recibiendo “órdenes de órganos extrapoderes” para prolongar los procesos en su contra. «Exijo que la Fiscalía investigue y que los responsables de este terrorismo de Estado paguen por lo que están haciendo», manifestó.
El jefe comunal estuvo respaldado por sus abogados Gilda Portillo y Guillermo Ferreiro, además de los senadores Rubén Velázquez y José Oviedo, el presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Sebastián Martínez, y el concejal Víctor Torales.
Prieto anunció que continuará con su defensa y adelantó que algunas de sus causas podrían llegar a juicio oral este año, como el caso denominado “Tía Chela”. «Tenemos muchas sorpresas. Estamos preparados para rebatir cada acusación con pruebas», concluyó.
