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Prieto no responde intimación judicial sobre pago a funcionarios despedidos

Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, a medida que pasa el tiempo, más imita lo que hizo Javier Zacarías cuando estuvo al frente de la comuna esteña.

Entre el 2019 y el 2021, unos 400 funcionarios fueron despedidos de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Miguel Prieto. De estos, unos 247 prosiguieron con una demanda en lo Civil. Luego se llegó a un acuerdo con el ejecutivo municipal. A raíz de ello, un Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del VI de la Circunscripción del Alto Paraná, remitió por segunda vez una intimación a la municipalidad para que informe sobre el pago, que hasta ahora no fue contestada.

Los ex funcionarios reclaman el pago de indemnización, aguinaldo y salarios no cobrados, ya que en el momento de ser desvinculados no fueron notificados de sus respectivos despidos. En tal carácter, los 247 recurrieron al Juzgado, donde ganaron en varias instancias, lo que obligó a Prieto a llegar a un acuerdo con los despedidos. En la ocasión, se convino que el intendente municipal honraría los pagos correspondientes de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Este proceso judicial se llevó a cabo en el marco de la causa abierta y caratulada como “Christian Higo Vera c/ Municipalidad de Ciudad del Este S/ Ejecución de Sentencia” exp. N°242 Secretaria Número 4. En tal sentido, el titular de dicho juzgado, requiere a la municipalidad a que informe por los conductos pertinentes si ha abonado íntegramente los pagos a las 247 personas beneficiarias en el marco del juicio en cuestión.

Sin embargo, hasta el momento la comuna hizo caso omiso a la notificación y de acuerdo al escrito Prieto se expone a un “desacato”, que incluso podría hacer que se decrete su prisión por desobedecer abiertamente a un mandamiento judicial.

La miserable actitud de Miguel Prieto se repite y es peor a la administración del clan Zacarías, quienes también olímpicamente desconocían las intimaciones judiciales, propiciando con esta mezquina estrategia la impunidad, base fundamental para que los políticos construyan su poderío económico y político.

SINCERICIDO

Por otro lado, el intendente Miguel Prieto, cometió sincericidio al reconocer que el ex diputado liberal Carlos Portillo es asesor de su hermana, la concejal municipal María Portillo. Así mismo, detalló que el ahora “asesor” percibe un salario mensual de G. 12 millones por usufructuar el cargo sin cumplir horario específico. El administrador comunal admitió igualmente, que le cedió el puesto como pago a la lealtad de la edil. “Sinceramente, Carlos es asesor de María Portillo; su hermana, en la Junta Municipal. Pero, yo no le puedo negar a María lo que me pide, porque en todo este tiempo me mostró su lealtad. Por eso le dimos ese puesto a ‘Charli’, qué vamos a hacer. Eso se hace en el Senado, en Diputados y en todas partes, como parte de un pacto político y eso lo sabe todo el mundo”, se defendió, en un programa televisivo.

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