Para las 09:00 de este jueves, el intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue convocado por el juez Humberto Otazú para una audiencia de imposición de medidas cautelares. Por pedido del Ministerio Público, el magistrado deberá definir si le otorga o no la prisión domiciliaria. Desde el pasado martes el administrador comunal se encuentra en Asunción, donde fue supuestamente para saludar a su amigo y correligionario, el senador Rubén Velázquez.
Sin embargo, existe la fuerte sospecha que el jefe comunal se fue a buscar algún respaldo político para zafar de la prisión domiciliaria. No obstante, el grupo de ciudadanos que exige que vaya a prisión se mantiene alerta. Los detractores incluso anunciaron que también estarán en el juzgado de Otazú, a los efectos de que Prieto quede preso en su casa.
En julio de este año, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, imputaron y pidieron la prisión domiciliaria del intendente de Ciudad del Este y otras 10 personas por el hecho punible de lesión de confianza, en el marco de la causa de compra de kit alimentarios en tiempo de Covid-19, conocida como “Tía Chela”. Según los fiscales, en la ocasión se registró un daño patrimonial de G. 1.769 millones.
Además de Prieto, están procesados en la misma causa Francisco Arrúa, director de Finanzas; el actual concejal Sebastián Martínez y José Félix Cáceres Galeano. La investigación fiscal también involucra a Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi S.A. Al momento de la imputación, todos estos ocupaban los cargos mencionados.
Según el acta de imputación, el 20 de marzo de 2020, por resolución N° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este, representada por Prieto, con base a un dictamen de la directora de UOC, Maggi Fariña, llamó a licitación por vía de la excepción para la adquisición de cestas básicas a ser distribuidas a familias de escasos recursos por la pandemia del Covid-19. Se designó a Sebastián Martínez y José Félix Cáceres como miembros del Comité de Evaluación. Según la investigación fiscal, las compras fueron ficticias.
El intendente de Ciudad del Este recurrió a varias chicanas en el intento de quedar fuera del proceso, situación que hasta el momento no lo pudo lograr. El objetivo del mismo y de los demás procesados es dejar desestimada la acción, de manera a evitar la prisión preventiva y luego el juicio oral, donde el Ministerio Público demostrará efectivamente que hubo lesión de confianza.
