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Prieto recusa a juez en busca de un magistrado a su medida

El intendente Miguel Prieto junto a su abogado Guillermo Ferreiro, de vuelta chicanean en proceso abierto en el caso “Tía Chela”.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, a través de su defensa técnica, recusó este jueves al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, en un nuevo intento de zafarse de la Justicia. Algunos detractores del jefe comunal se presentaron en el Juzgado y le gritaron “ladrón” y “pocovid”, haciendo alusión a las cestas básicas compradas de manera ficticia, según la carpeta fiscal. “Prieto está buscando un juez a su medida”, refirió el activista social Arturo Páez.

Prieto se presentó ayer ante el juzgado del magistrado Humberto Otazú, donde debía someterse a una medida cautelar de imposición de medidas, en el caso conocido como “Tía Chela”, pero dicha diligencia no se llevó a cabo, ya que la defensa técnica del intendente, a cargo del abogado Guillermo Ferreiro, recusó al magistrado. Como argumento mencionó que el juez es esposo de una prima del senador colorado Javier Zacarías Irún. Sin embargo, el cuestionado legislador esteño no tiene nada que ver en el proceso, ya que no impulsa la denuncia y tampoco se encuentra en el proceso como testigo ni nada por el estilo. Muy por el contrario, se dice que el senador oficialista es el maestro y protector político de Prieto.

De esta manera, Prieto traba una vez más el proceso para evitar que se le imponga una medida de prisión domiciliaria, tal como pide el Ministerio Público que lo imputó por lesión de confianza, debido a un supuesto daño patrimonial de G. 1.769 millones. Junto al administrador comunal, están procesadas otras 10 personas, quienes tendrían complicidad en el hecho. De acuerdo a la carpeta fiscal, “se cuentan con elementos de sospecha suficientes que permiten suponer que Fermín Avalos Britos, de Tía Chela SRL, habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos. Para ello (Prieto) habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución, a pesar de que los documentos reflejan una entrega que no se dio en la realidad”, refiere parte del documento por el cual se le imputó a Prieto.

“POCOVID”

Un grupo de ciudadanos autoconvocados se trasladó hasta la capital del país para escrachar al intendente municipal de Ciudad del Este, que fue tildado de ladrón y pocovid (meter la mano en las arcas públicas). “Este Miguel Prieto ya no tiene vergüenza. De vuelta está chicaneando y lo que busca es un juez a su medida. Intentó hacerlo con los fiscales, no le salió el juego sucio y ahora lo hace con el juez de la causa. Este Miguel Prieto es un ladrón de pandemia, es un `pocovid´. Robó en pandemia y tiene que irse preso. De vuelta chicaneó, pero no le vamos a dejar tranquilo, le vamos a escrachar donde vaya”, refirió Arturo Páez, activista social esteño, que junto a otros ciudadanos se trasladó hasta Asunción para escrachar al intendente y a su abogado Guillermo Ferreiro.

El activista social sostuvo que con esta nueva medida, Prieto solo busca dilatar su proceso, por lo buscarán asesoramiento legal para frenar la ola de chicanas que viene presentando. “En realidad, lo que Prieto hace es un apriete. Le está apretando al juez para no someterse a la Justicia, cuando él mismo dijo que se sometería, pero es una mentira más. Prieto está haciendo un apriete y eso es claro. Vamos a buscar asesoría legal y ver la manera de frenar estas montañas de chicanas. Ya no se puede seguir de esta manera, Prieto tiene que irse preso, ya no tienen que estar ni un minuto más en la Municipalidad, donde continúan sus robos”, agregó Páez.

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