
El conflicto causado por el proyecto de ordenanza que regula el trabajo de los conductores de las diferentes plataformas móviles ha traído varios conflictos no sólo con los taxistas, sino que también dentro del propio gremio de choferes de aplicación, generando una visible división que también va subiendo de tono. Al parecer el intendente Miguel Prieto pondría paños fríos a la situación, ya que ayer en horas de la noche habría decidido vetar parcialmente la ordenanza, volviendo así a la Junta Municipal para su modificación.
Esta decisión se habría dado atendiendo a que en la víspera un grupo de conductores de Bolt y Uber se manifestaron frente al predio de la Junta Municipal, solicitando la modificación de la ordenanza que ya fue aprobada por los concejales municipales. Mientras los mismos se manifestaban, el otro grupo participaba de una audiencia pública con los ediles, indicando que sus compañeros utilizan un proyecto “viejo” para sus reclamos y que las modificaciones ya habrían sido incluidas.
Entre las modificaciones solicitan la exigencia de la licencia de conducir “A” en el lapso de dos años desde su habilitación, evitando así excluir a un 38% de los conductores que actualmente no tienen la edad para acceder a dicha categoría; tener una antigüedad máxima de 20 años desde la fabricación del vehículo para la habilitación del servicio en plataformas digitales por un lapso de dos años; excluir el artículo que estipula estar inscripto en el padrón nacional para votar en CDE; en lo que respecta a uniformes, piden notificar a las empresas de plataformas digital que al momento de contratar a sus permisionarios canalicen la provisión de uniformes, entre otros.
Así también objetan la obligatoriedad de contar con vehículos que cuenten con sillas especiales para transporte infantil, ya que ninguna ley obliga ni siquiera a los taxis y/o vehículos de pasajeros a que cuenten con las mismas. “Necesitamos que esto se adecue a la Constitución Nacional, porque de 11 puntos de la ordenanza 8 son inconstitucionales. Está hecho para favorecer a un sector, lastimosamente, violando todos los preceptos. Es propiciado por las propias autoridades, los concejales deben ser imparciales y esperamos que los ánimos no se alteren más porque esto podría generar situaciones que después se pueden lamentar”, explicó el abogado Samir Sánchez, representante legal del grupo.