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Problemas estructurales y rubros docentes sin resolverse en muchas escuelas públicas

No hay reacción de las autoridades ante los problemas estructurales de las escuelas públicas.

La educación gratuita y de calidad sigue siendo tarea pendiente de este Gobierno y otros que lo antecedieron. En el Alto Paraná numerosas escuelas públicas iniciaron las clases con problemas de infraestructura que ponen en riesgo la vida de los alumnos y no se avanzó en ninguna solución hasta el momento. La falta de rubros docentes, en varios niveles, hace que los padres aporten para el pago de los educadores o recurran a manifestaciones para que sean escuchados por las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias.

La vuelta a clases no significó ningún cambio en las escuelas públicas y la aplicación de recursos del Fonacide está atrasada o fue dilapidada, con refacciones desastrosas y obras inconclusas, que constituyen el común denominador en las instituciones públicas. El sistema de micro planificación realizado entre la comuna y el sector educativo, para priorizar las obras, solo beneficia a unas pocas instituciones.

Antes del inicio de las clases hemos publicado el estado de algunas escuelas públicas del Alto Paraná y pese a la denuncia de los padres y educadores, no hubo ninguna reacción de las autoridades para introducir mejoras. Al respecto, el licenciado Ignacio Brizuela, de la Escuela Manuel Domínguez de Minga Guazú, expresó su preocupación por que el techo de la institución tiene tirantes resquebrajados y un sistema eléctrico muy deteriorado, que necesitan reparación urgente.

“Nuestra intención siempre fue sensibilizar a las autoridades a través de los medios de comunicación para que vean la realidad de nuestra escuela. No nos vamos a cansar de pedir la reparación total del techo y otras refacciones, pero queremos que entiendan que así como estamos es un riesgo, porque esto nunca fue acondicionado y hay daños estructurales muy severos en la construcción”, explicó Brizuela.

La entrega de mobiliarios comenzó lentamente y mientras los niños no tienen dónde sentarse a desarrollar sus lecciones.

Una cuestión similar se da en la escuela San Dionisio de Ciudad del Este, donde los miembros de la Asociación Cooperadora Escolar pidieron un nuevo sistema de canalización para evitar que la institución se inunde con cada lluvia. Osvaldo Vera, titular del grupo de padres, explicó que han decidido insistir con la municipalidad y a la par ante la Gobernación, la Itaipú y el Ministerio de Obras Públicas por las obras del multiviaducto que desaguan hacia el barrio con cada lluvia.

Las escuelas también requieren mobiliarios. En Ciudad del Este, de acuerdo al informe de la comuna, la entrega de pupitres se está realizando en instituciones educativas públicas. Solamente que no son en las que han denunciado el deterioro de sus muebles. Además existe la necesidad de ampliar la cantidad de sillas, por el aumento del número de alumnos en las salas de clases. A casi un mes del inicio del año lectivo, en muchas escuelas del departamento los chicos siguen sin contar con espacio para sentarse y desarrollar las lecciones.

Al respecto, varios directores de colegios y escuelas públicas lamentaron la desidia de la coordinadora departamental de Educación, Ana Ríos. La misma no responde a los pedidos realizados para ser un nexo con las autoridades municipales y tampoco gestiona más recursos, principalmente para las escuelas de la periferia o el interior del departamento. Indicaron que la educadora prefiere no tratar con jefes comunales que no sean de su misma línea política.

LOS RUBROS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Si en el interior del departamento se manifiestan por traslados de rubros, en las ciudades de cabecera la situación es igual, pero se apela al pago de aportes de los padres de familia para costear los pagos a los docentes que no tienen salario pagado por el Estado. En instituciones como el Centro Regional de Educación, Escuela del Área 1 y otros, los padres deben pagar a los profesores auxiliares del Nivel Inicial, mientras que también se piden aportes para el pago al personal de limpieza, secretaría, seguridad y otros servicios dentro de las instituciones.

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