El suboficial inspector Augusto Concepción Oviedo Martínez (36), con destino en la Comisaría 27 de Hernandarias, fue imputado por homicidio doloso tras un dudoso operativo en el que perdió la vida Alcides De La Cruz Lezcano Ortiz (45), un hombre con antecedentes por coacción sexual y robo agravado. Pese a la gravedad del hecho, la fiscal Natalia Montania solicitó como medida cautelar el arresto domiciliario del uniformado, generando fuertes cuestionamientos por parte de la querella.
Según los datos, Oviedo Martínez habría actuado de fo1rma individual y sin autorización superior, utilizando un vehículo particular. El fallecido fue interceptado en circunstancias aún no esclarecidas y recibió un disparo que le provocó la muerte.
El juez Nelson Ojeda Quintana convocó ayer al suboficial para su audiencia de imposición de medidas. La Fiscalía lo imputó por homicidio doloso, pero en su requerimiento pidió que cumpla arresto domiciliario y que se le permita continuar en funciones dentro de la institución policial, lo que generó duras críticas de la parte querellante.
El abogado Luis Aponte, representante legal de la familia de la víctima, consideró contradictorio que la fiscal haya tipificado el hecho como homicidio doloso, pero al mismo tiempo haya solicitado una medida benigna como el arresto domiciliario. También cuestionó que el vehículo particular utilizado por Oviedo Martínez no haya sido incautado ni localizado hasta el momento.
Según la versión presentada por la defensa del uniformado, Lezcano Ortiz habría disparado primero, lo que motivó la reacción del suboficial. Sin embargo, esta versión fue rechazada por los familiares del fallecido, quienes sostienen que la víctima no portaba arma alguna y que el arma habría sido «plantada» para justificar el uso letal de la fuerza.
Otro punto denunciado por la querella es la presunta desaparición de una suma de G. 3.000.000 que Lezcano Ortiz llevaba en su billetera, dinero que iba a utilizar para la compra de materiales de construcción. Minutos antes de ser interceptado, había dejado a su hija menor en una institución educativa del barrio. El abogado Aponte anunció que presentará una querella adhesiva con el objetivo de redireccionar la acción fiscal y solicitar medidas más severas contra el agente.
