La actuación del Ministerio Público ha estado bajo constante escrutinio por su evidente parcialidad en el tratamiento de casos que involucran a figuras políticas, particularmente a aquellas vinculadas al Partido Colorado y al movimiento Honor Colorado. Se puede mencionar como ejemplo de esta realidad el caso que atañe al intendente de Hernandarias, Nelson Cano, denunciado hace casi dos años por un grave caso de corrupción, pero la causa está congelada en la Fiscalía. En contraste, los que no pertenecen al oficialismo, como el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, enfrentan una persecución judicial acelerada, evidenciando una justicia selectiva que socava la credibilidad del sistema judicial del país.
Un claro ejemplo de la justicia selectiva es la actuación de la agente fiscal Alma Belinda Zayas, quien está a cargo de dos casos muy diferentes pero con un manejo que deja al descubierto la falta de imparcialidad del Ministerio Público. En primer lugar, Zayas es la encargada del expediente que involucra al intendente de Hernandarias, Nelson Cano (ANR), acusado de una serie de delitos graves, entre ellos lesión de confianza, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y peculado. Este caso, presentado hace casi dos años, permanece congelado en su unidad sin avances significativos, lo que ha generado fuertes críticas por parte de diversos sectores.
La concejal de Hernandarias, Nilda Venialgo, reveló durante una entrevista al programa “7 Días Paraguay”, emitido por C9N, que en noviembre próximo se cumplirán dos años desde la presentación de la denuncia sin que se hayan tomado las diligencias necesarias para impulsar el caso. Esta denuncia fue presentada ante la Contraloría General de la República y derivada a la Fiscalía General del Estado, que la trasladó a la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la dirección de Zayas. Sin embargo, el expediente ha sido prácticamente archivado, beneficiando al intendente Cano, quien sigue en funciones sin afrontar las graves acusaciones en su contra.
La denuncia detalla un esquema de corrupción relacionado con la compra fraudulenta de una propiedad supuestamente perteneciente a una iglesia, pero que en realidad era de dominio municipal. Nelson Cano y varios concejales oficialistas, según la denuncia, aprobaron la compra de esta propiedad por un monto exorbitante de más de 3.600 millones de guaraníes, a pesar de que los registros indicaban que la finca ya era propiedad de la Municipalidad de Hernandarias. La gravedad del caso no solo radica en el mal manejo de los fondos públicos, sino en la colusión evidente entre funcionarios municipales y entidades privadas para concretar un negociado irregular. Sin embargo, a pesar de la contundencia de las pruebas, la fiscal Zayas no ha tomado ninguna medida significativa.
La grave denuncia está firmada por los concejales Nilda Venialgo de Serafini y Germán Ibarrola Ozuna. Ambos piden la imputación del intendente y sus cómplices, y la realización de las diligencias pertinentes para llevar todos ellos a una posterior acusación y juicio oral público, por tipos penales que tienen altas penas carcelarias. Sin embargo, el Ministerio Público ha congelado el caso.
PERSECUCIÓN A OPOSITORES
En contraposición, la misma fiscal actuó con inusitada rapidez en el caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien fue imputado por lesión de confianza debido a la supuesta compra irregular de kits de alimentos durante la pandemia, en el conocido caso «Tía Chela». La celeridad con la que fue imputado Prieto, quien no pertenece al Partido Colorado, contrasta de manera flagrante con la inacción en el caso de Nelson Cano, lo que sugiere un manejo discrecional de los tiempos procesales dependiendo de la afiliación política de los involucrados.
Esta situación deja al descubierto la falta de imparcialidad del Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Emiliano Rolón. A pesar de su promesa de una «justicia igual para todos», la realidad es que los procesos se ajustan según la conveniencia política. Aquellos vinculados al oficialismo permanecen impunes mientras que figuras de la oposición, como Prieto, son blanco de una persecución judicial desproporcional.
