
El proyecto de Ley del Servicio Civil que se encuentra en la Cámara de Senadores para su estudio, fue duramente cuestionado por docentes del Alto Paraná, quienes se oponen a la normativa debido a que cercena derechos adquiridos, según argumentó el profesor Higinio Garcete, presidente de la Asociación de Educadores del Este. Ayer se realizó una movilización nacional. En Ciudad el Este los educadores cerraron de manera intermitente la ruta PY02, a la altura del Km 10.
La protesta de los trabajadores de la educación prosigue hoy, tras el fracaso de las negociaciones realizadas el miércoles entre los gremios docentes y el Gobierno Nacional. Los educadores alegan que la normativa impulsada por el Gobierno tiene por objetivo, además de cercenar derechos laborales fundamentales, debilitar la lucha sindical. “Este proyecto de ley, en caso que se apruebe, pone en peligro nuestro derecho a la jubilación, la estabilidad laboral y la libertad sindical, que es un punto muy importante para nosotros”, detalló Garcete.
Criticó que la propuesta legislativa disponga que los maestros, a los seis meses, ya puedan ser despedidos sin justa causa y sin derecho a la indemnización, lo que los tiene muy preocupados.
“Es eso lo que nos preocupa. Además de no reconocer nuestros derechos sindicales, buscan eliminar todos los derechos que hemos adquirido en todo este tiempo. En el sector docente contamos con un estatuto profesional que es la Ley 1.725 y también nos regimos por la Ley 1.626 de la Función Pública, que están vigentes. Con esta nueva normativa, los del Gobierno pretenden, de alguna manera, eliminar todos nuestros derechos adquiridos y nos van a tener en cuenta como nada. Buscan sacarnos del sector público y ni siquiera nos van a indemnizar. En síntesis, este proyecto de Ley del Servicio Civil, será usado como garrote en contra nuestra”, aseveró.
Así mismo, Garcete advirtió que, como mecanismo de expulsión sin contemplación, el proyecto de ley establece que deben someterse a dos evaluaciones por año y en caso de no sobrepasar este escollo, quedarán automáticamente eliminados de la planilla de la función pública. El dirigente sindical aclaró que no se oponen ni tienen miedo a las evaluaciones, pero temen que este proceso sea utilizado en contra de los mismo para justificar el despido masivo de educadores del sector público.
“No estamos en contra de las evaluaciones, eso vamos a dejar claro para aquellos que mencionan que tenemos miedo a las evaluaciones. Somos los únicos que accedemos a través del concurso público de oposición a las evaluaciones. Pero la normativa que pretenden aprobar tiene un carácter punitivo; es decir, antes que capacitarnos o posibilitar que nos instruyamos, directamente seremos expulsados del sector público e incluso, durante los 5 años siguientes a la expulsión, no podremos acceder a cargos públicos y; encima, no vamos a tener derecho de protestar, porque ya nos comprometimos a no hacerlo, al firmar el documento que nos quieren hacer firmar”, recordó.