
Del total de 40 internos, 36 se amotinaron ayer en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, en exigencia de tres puntos específicos como mayor tiempo de visitas de familiares, acceso a teléfonos y mejor alimentación. A un mes de haber sido trasladados al sitio, tanto el director del penal, Julio Careaga, como los funcionarios de seguridad, pasaron su primera prueba de fuego, tras haber controlado la sedición que no pasó a mayores.
Personal del Grupo Especial de Operaciones, bajo el comando del director de Policía, Crio. Gral. Feliciano Martínez, con apoyo de otras unidades, acudieron al lugar y luego de varias horas pudieron controlar la situación. Una vez que se calmaron los ánimos, el director del recinto penitenciario dialogó con los reclusos, quienes exigieron que se les facilite la comunicación telefónica con sus familiares, así como permitir el ingreso de visitas y el mejoramiento de los alimentos. En el cateo realizado por efectivos policiales, no se encontraron elementos prohibidos, pero se pudo comprobar serios daños materiales al edificio, así como la inutilización del circuito cerrado del lugar.
Este primer grupo de reos fue trasladado al lugar debido al hacinamiento existente en el penal de Ciudad del Este, cuya capacidad edilicia es para 500 internos; pero actualmente alberga a más de 1.500. Una primera tanda de 40 personas privadas de libertad fue trasladada el pasado 30 de mayo al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú y se aguarda el envío de otras 40, como parte del plan para descomprimir la Penitenciaría Regional.
Para el traslado de este primer grupo, que se amotinó ayer, paradójicamente se tuvieron en cuenta criterios bien específicos como la conducta, el perfil de salud, el crimen cometido, los años de condena, la cantidad de años guardados en prisión y la predisposición que presentaron durante el tiempo de su reclusión.
La penitenciaría de Minga Guazú tiene capacidad para albergar a 1.237 internos y los pabellones fueron construidos teniendo en cuenta estrategias de máxima seguridad, con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad, hecho que fue puesto a prueba ayer por 36 de los 40 internos instalados en el lugar.
Según el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, estadísticas oficiales de los últimos cuatro meses dan cuenta que por mes ingresan un promedio de 850 personas privadas de libertad, cuando hace cuatro años el ingreso de PPL era de 250 por mes, lo que genera un acelerado incremento de reos en las cárceles, lo que a su vez origina hacinamientos en las diferentes penitenciarías del país.