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¿Quién controla a quién?

La corrupción es un hecho plenamente vigente, así como su dispersión por casi la totalidad de instituciones oficiales, resultando difícil encontrar un solo estamento plenamente transparente y sin el vicio del robo de la cosa pública. Y no es mera especulación hacer referencia que esa malvivencia no es tocada como corresponde, debido a que los propios órganos contralores padecen del mismo mal.

El predominio de la impunidad, pese a robos de la cosa pública, tienen culpables bien identificados. Y es tal, pues parte de la Justicia es benevolente conforme a bolsillos de los protagonistas y con ello las responsabilidades relativas. No deja de ser llamativo que el Ministerio Público,  por medio de sus fiscales, tenga más casos perdidos que ganados, y no precisamente por  genialidad de los marginales transgresores de normas. Hay holgazanería adrede, mediocridad o propinas.

Las inspecciones periódicas a  municipalidades, gobiernos departamentales, ministerios y entes del Estado, con sus respectivas rendiciones de cuentas aprobadas, deberían dar la certeza del fiel cumplimientos de marcos regulatorios de transparencia, pero llamativamente las ciudades y departamentos no sobresalen por obras públicas y mucho menos por ofrecer servicios públicos de calidad para los habitantes. Por el contrario, se multiplican las denuncias por uso indebido del dinero de la gente.

Evidentemente algo anda mal con los órganos juzgadores y se genera la duda de quién controla a quién.

Las corporaciones legislativas municipales, y departamentales, hace bastante tiempo se convirtieron en representaciones de intereses personales, obedeciendo sin asco a todo lo que le ordenen responder a cambio de zoquetes. Así se permite que viles manejen hilos de ciudades y regiones, con el aval de un falso control legal.

Al no tenerse integrantes de órganos éticos, fiables y objetivos, no se tiene garantía de que los controles sobre el manejo de la cosa pública sean realmente en concordancia a los lineamientos legales. Es muy subjetivo que el ladrón juzgue a otro ladrón.

Para sumar males, el Poder Legislativo solo sobresale por ser nido de alimañas, donde mayormente sus miembros resaltan por la pesca de beneficios económicos y políticos. La Policía Nacional con su mal consuetudinario de estar compuesto por algunos marginales de cuello blanco y ciertos efectivos bandidos con uniforme, ayuda a que la corrupción siga siendo un círculo vicioso infranqueable.

Mientras las instituciones de vigilancia no cumplan con su función, no podrá existir otro resultado más que el presente, donde lo sobresaliente es el incremento patrimonial de contralores.

Cuando los investidos de poder y obligación de cuidar que los administradores de los bienes públicos hagan correcto uso de ellos, utilizan distintas  varas para medirlos  se rompe toda garantía, y se somete a la vigencia de la justicia selectiva para beneficio propio y de quienes compran impunidades.

Lo estamentos contralores siguen sin funcionar, siendo esto una verdad triste que somete a la mediocridad oficial y al padecimiento innecesario de la generalidad. La corrupción es un hecho presente, porque su vigencia favorece a poderosos y la ciudadanía sigue siendo pasiva. Hasta tanto no se sacuda el avispero, seguirá todo igual o peor, pues se toma como trofeo la caída de peces pequeños, siendo los chivos expiatorios de grandes delincuentes con poder.

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