Al recordarse ayer el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este se reafirmaron en las denuncias hechas contra el intendente Miguel Prieto. El esquema de sobrefacturaciones mediante licitaciones amañadas, creación de empresas de maletín entre otros, fueron algunos de los mecanismos utilizados por el jefe comunal para llenarse los bolsillos a costas de los contribuyentes, según indicaron durante una conferencia de prensa.
En el encuentro con medios de comunicación, los integrantes de la CCCDE fueron severos al afirmar que todas las denuncias presentadas ante el Ministerio Público se basaron en informaciones colectadas de la propia Municipalidad de Ciudad del Este, mediante el sistema de acceso a la información.
TÍA CHELA
El conocido caso “Tía Chela”, fue el primero en ser denunciado y data del 2020, en plena pandemia del Covid-19, donde la Fiscalía comprobó que hubo una compra ficticia de alimentos que formarían parte de los kits de alimentos que fueron prometidos por la administración Miguel Prieto para distribuir a familias carenciadas, recordó Magdalena Martínez, miembro de dicha organización. “El caso Tía Chela no lo denunciamos nosotros; pero sí aportamos muchísimos datos que le sirvieron al Ministerio Público para imputar. Tía Chela es un caso emblemático, porque se habló de una enorme cantidad de mercaderías que debieron ser entregadas a la municipalidad; pero no se hizo debido a la falta de capacidad de estructura e infraestructura (de la firma) y eso detectó la fiscalía”, refirió.
ESQUEMA
A su turno, el abogado Víctor Enriquez, asesor legal de la entidad contralora, enfatizó que el intendente de Ciudad del Este en todas las “operaciones” utilizó el mismo mecanismo para defraudar los tributos de los contribuyentes. “En todas las licitaciones hemos encontrado que se utilizaron a las mismas personas, en algunos casos; en otros, crearon empresas de maletines, así como formaron grupos familiares para meter las manos en las arcas municipales”, criticó.
OLLAS POPULARES
Enriquez citó como ejemplo de fraude, la creación de subcomisiones de ollas populares con el objetivo de asistir a familias de escasos recursos económicos durante la pandemia del Covid-19, pero que en realidad el propósito era defraudar los bienes de la comuna a favor de un equipo encabezado por el intendente. “El caso de las ollas populares en pandemia es un caso fiel de un desvergonzado esquema de corrupción, donde la suegra de una persona estaba en una subcomisión y el yerno, junto al hijo y otros familiares de la señora, formaban parte de otra subcomisión de ollas populares. O sea, una familia completa fue utilizada para formar parte de este esquema para defraudar a los contribuyentes y en todas las denuncias se refleja este mismo modus operandis”, aseveró.
DE CLUB NOCTURNO A CONSTRUCTORA
Igualmente, en la conferencia de prensa recordaron el caso de la empresa SCDE SA, que hasta el 2021 era un club nocturno bajo el nombre Golden Rouge SA. En marzo del citado año, Lumma Silva Battochi, funcionaria municipal, se convirtió en accionista de la firma. Desde 2020, la citada empresa ha firmado contratos con instituciones públicas, principalmente con la Municipalidad de Ciudad del Este que, que de acuerdo a las investigaciones, le entregó cerca de USD 1,5 millones en contratos.
BUSES ELÉCTRICOS
De acuerdo a lo manifestado por Montiel, la Municipalidad de Ciudad del Este no recauda lo que debería con la circulación de los buses eléctricos. En su portal de informaciones, la municipalidad refiere que cuenta con 70 funcionarios en la Dirección de Transporte, de los cuales 35 son choferes. Igualmente, expresa que el monto que recauda por el costo del pasaje no se adecua a la realidad, ya que, haciendo los cálculos, cada bus solo transporta a 10 pasajeros cada una hora, lo que significa que, además de la sobrefacturación en la compra de dichas unidades, tampoco se está recaudando lo que debería.
