“Hecha la ley, hecha la trampa”, refiere un viejo refrán. Es lo que se estaría aplicando a la perfección en la Municipalidad del Presidente Franco, bajo la administración de Roque Godoy (PLRA). Según el concejal opositor Hugo Mendoza (ANR), en la comuna se “acostumbraron” a hacer contrataciones de menor cuantía de manera directa, como lo establece la ley, como una trampa para obtener muy buenos dividendos para algunas autoridades.
“La modalidad de contratación de menor cuantía, que permite a los intendentes adjudicar directamente hasta 5 mil jornales (equivalente a G. 538.135.000), presenta serios riesgos de discrecionalidad y falta de transparencia, especialmente cuando se utiliza de forma estratégica para evitar licitaciones públicas”, advirtió Mendoza.
Significó que las autoridades de la comuna constantemente recurren a este sistema, que ya se convirtió en el “modus operandi” del intendente Roque Godoy y su primer anillo, con la finalidad de apoderarse del dinero de los contribuyentes de manera disimulada. “Utilizan un modus operandi común, que consiste en esperar a que se cierre el plazo establecido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para llamados de mayor envergadura y posteriormente, llenan el resto del presupuesto con adjudicaciones de menor cuantía”, explicó.
Detalló que el fraude está instalado dentro del sistema mismo, hasta casi como una política pública, de modo que las autoridades electas tengan la posibilidad de comandar o administrar más allá de compromisos morales y políticos. “En el caso de la Municipalidad de Presidente Franco, esta práctica se agrava por el hecho de disponer de fondos significativos de Royalties (G. 18 mil millones) y Fonacide (G. 7 mil millones), de los cuales, apenas G. 6.900 millones fueron licitados (600 millones para un minibús, 2.600 millones para la Plaza de Oro, la Plaza de la Libertad y 3.700 millones para la Regularización Asfáltica), con procesos cuestionados en cuanto a transparencia”, explicó.
Es aquí donde comienza el proceso de cobro de dádivas que presuntamente van a parar a los bolsillos del intendente Godoy y su primer anillo, ya que las pequeñas licitaciones que se ejecutan de manera directa, tal como lo establece la ley, permite ciertos cobros indebidos, según las explicaciones del concejal. “El saldo restante queda para la disposición directa del intendente y su equipo (incluyendo al director de la UOC y al director de Administración y Finanzas), lo cual incrementa el riesgo de un uso arbitrario de los recursos públicos.
“La falta de presentación del Programa Anual de Contrataciones contribuye a esta falta de control, dificultando la supervisión de los fondos y propiciando adjudicaciones sin la transparencia debida”, remarcó Mendoza. El edil colorado es el único que cuestiona fuertemente al jefe comunal.
