El Ministerio Público de Paraná, a través del Núcleo Foz de Iguazú del Grupo de Acciones Especiales de Enfrentamiento al Crimen Organizado (Gaeco), lanzó el jueves la segunda fase de la Operación Chave Pix, con el objetivo de investigar la práctica de exigencias de valores ilícitos a compradores de mercaderías extranjeras.
La sospecha es que, durante los acercamientos, agentes de la Policía Militar exigían pagos en efectivo, a modo de soborno, especialmente mediante transferencias vía Pix, con la intención de no incautar bienes y vehículos, no remitiendo los abordados a las autoridades competentes.
Con el apoyo de la Inspección General de la Policía Militar de Paraná, 14 órdenes de búsqueda y captura fueron cumplidas el jueves en las ciudades de Foz de Iguazú y Santa Terezinha de Itaipu, ambas en el Oeste de Paraná, y en la ciudad de Joinville, en el estado de Santa Catarina, en direcciones vinculadas a nueve policías militares, cuatro agentes privados/civiles, incluyendo un policía militar licenciado, y en la sede del Destacamento de la Policía Militar en Santa Terezinha de Itaipu, donde los PM están o estaban estacionados.
También se notificaron ocho órdenes de destitución y otras medidas cautelares distintas al arresto a agentes de la Policía Militar, además de la ejecución de 13 órdenes de allanamiento personal.
Las órdenes fueron otorgadas por el Tribunal de la División de Cuentas de la Justicia Militar del Estado de Paraná y ejecutadas en los domicilios de los investigados, buscando la recolección de teléfonos celulares, documentos, computadoras, dinero en efectivo y objetos ilícitos en poder de los investigados, para ayudar en la investigación.
Las investigaciones de la Operación Chave Pix, realizada por Gaeco en Foz de Iguazú, comenzaron en octubre de 2023. Según la investigación, los valores transferidos vía Pix fueron depositados en cuentas de terceros, quienes luego transfirieron el dinero a cuentas de familiares de policías militares.
VÍCTIMAS
La primera fase de la operación se lanzó en diciembre de 2023 y tiene como objetivo a dos militares y tres particulares/civiles. En ese momento se investigó la posible existencia de una organización criminal, lo que permitió escuchar a alrededor de 100 presuntas víctimas e identificar a otros militares y policías privados involucrados en la trama.
