
El Tribunal de Apelación Penal rechazó ayer la recusación presentada contra el juez Humberto Otazú por la defensa técnica del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso conocido como “Tía Chela”. Con esta determinación se destraba el proceso y se otorga al citado magistrado la atribución de marcar una nueva fecha para la imposición de medidas alternativas a la prisión solicitada por el Ministerio Público, que acusó al jefe comunal por corrupción. La recusación había sido planteada por los abogados Gilda María Portillo y Guillermo Ferreiro Cristaldo.
De acuerdo a los antecedentes, el 14 de setiembre de 2023, los defensores técnicos de Miguel Prieto recusaron al citado juez alegando falta de parcialidad y de independencia. En aquella oportunidad señalaron que la esposa del magistrado tiene vínculos con familiares de Javier Zacarías Irún, declarado enemigo público por el intendente esteño. La acción judicial instaurada por los letrados logró la suspensión de la audiencia de imposición de medidas que debió realizarse ese día en el caso “Tía Chela”, por la supuesta compra irregular de kits de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
El argumento de la defensa para apartar al juez Humberto Otazú fue que la esposa del magistrado es comadre de la actual diputada colorada Rocío Abed de Zacarías, esposa de Justo Zacarías Irún, hermano de Javier Zacarías Irún, enemigo declarado de Prieto, por lo que mencionaron una presunta falta de parcialidad y de independencia.
Además de Prieto, está imputado Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad. Con el mismo cargo, pero en calidad de coautores, también fueron imputados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Himenio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.
La determinación de la Cámara de Apelaciones destraba un proceso judicial que hace bastante tiempo fue frenado, con claras intenciones de dilatar todo lo que se pueda, hasta que Prieto pueda cumplir con su mandato. El fiscal Silvio Corbeta, uno de los investigadores de la causa, había explicado que el caso que derivó en la imputación de Miguel Prieto consistió en una “compra ficticia” de 25.000 kits de alimentos, por valor aproximado G. 3.000 millones. La adquisición se hizo por vía de la excepción entre el 20 y 27 de marzo de 2020, en plena pandemia.