Fue presentada la reglamentación de la Ley de Créditos de Carbono, iniciativa que permitirá «monetizar» los recursos naturales y desarrollar proyectos industriales sostenibles con el ambiente, en donde el principal sector con potencial de crecimiento por los próximos diez años será el forestal, informaron ayer las autoridades.
Los ministros del Ambiente, Rolando de Barros, y de Industria y Comercio, Javier Giménez, acompañados de representantes de empresas y gremios de la producción presentaron los detalles del decreto que reglamenta la Ley 7.190/23, fruto de un trabajo consensuado entre todos los sectores.
El ministro Giménez indicó que para los próximos 10 años se aspira a llegar a 150.000 puestos de trabajo y USD 20.000 millones de inversión en el sector forestal.
«Paraguay tiene espacio para cinco Paracels más», dijo el ministro sobre el megaproyecto de la planta de celulosa en el departamento de Concepción, con inversión estimada de USD 4.000 millones. Del anuncio participó también el presidente de Paracel S.A., Per Olofsson, quien dijo que a su criterio la reglamentación es seria y competitiva a nivel mundial, y abre las puertas para que el sector privado agregue nuevas inversiones a su cartera en Paraguay.
El crecimiento del sector forestal para la próxima década también incluye la posibilidad de aumentar las hectáreas de producción, de 250.000 a 3.000.000 de hectáreas sin afectar a la producción ganadera, dijo el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Manuel Giménez Gaona.
CRÉDITOS DE CARBONO
Los también llamados “bonos de carbono» son créditos con valor en el mercado internacional, generados por proyectos ejecutados con el propósito de reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. La propia Ley 7.190/23 los define como un «instrumento comercializable que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero de un proyecto determinado».
Con la reglamentación, Paraguay abre las puertas a que proyectos ambientales, como de reforestación, puedan emitir créditos de carbono a las empresas interesadas en adquirir estos bonos.
La certificación de un crédito de carbono como tal es realizado por empresas internacionales, que identifican cuánto carbono se genera en una región y el impacto del proyecto de reforestación o protección de recursos naturales en la misma.
Según indicó el ministro del Ambiente, Rolando de Barros, la reglamentación «saca la burocracia de toda la redacción; prácticamente las transacciones serán entre privados y entre gobiernos». En esto, el rol del Gobierno del Paraguay será de garantizar la calidad de los bonos, añadió.
