La orden de inicio de las construcciones tiene fecha del 25 de octubre del año pasado y el plazo de entrega era del 27 de diciembre del 2022, hecho que no se cumplió, ya que la firma en cuestión no completó el trabajo. Según los antecedentes, el intendente Ríos adjudicó la obra y autorizó el desembolso sin que la misma sea fiscalizada por un especialista en el tema. Una vez detectada la irregularidad, el hecho fue denunciado a la Junta Municipal, que antes de evidenciar el negociado, lo cubrió aún más.
Existen fuertes sospechas de que Ríos se apresuró en dar la licitación a “Emprendimientos S y S”, propiedad de Sonia Elena Mendoza Vázquez, a cambio de una importante coima, hecho que habría sido detectado posteriormente por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Tras descubrirse el contubernio entre el intendente municipal, la propietaria de la firma adjudicada y, la Junta Municipal de Minga Guazú, estos quisieron desentenderse del tema, devolviendo la ínfima suma de G. 65 millones.
Tras quedar inconclusas las obras, la comisión de padres de la institución educativa recurrió al legislativo comunal exigiendo que investigue el caso. La concejal colorada Laura Barreto propuso la realización de una auditoría que fue aprobada de modo a esclarecer los hechos.
Una vez que hecha la denuncia, la referida empresa, en el intento de tapar las irregularidades, devolvió la suma de G. 65 millones en concepto de la no culminación de las obras y con los que se podrían financiar su conclusión. Con este acto, la empresa se delata sola que violó el contrato y desnuda la complicidad del ejecutivo municipal, que no multó a la misma por dicha inacción.
La otra sospecha es que la obra fue sobrefacturada con el propósito de que un porcentaje del costo vaya a parar en los bolsillos del intendente y que, según las investigaciones, Diego Ríos se habría quedado con unos G. 200 millones de los más G.800 millones que desembolsó a “Emprendimientos S y S”.
