Dentro de lo estrictamente legal, en Paraguay, la legítima defensa está contemplada en el artículo 19 del Código Penal, que establece que una persona no es responsable penalmente cuando actúa para proteger bienes jurídicos propios o ajenos de un ataque ilegítimo, permitiendo actuar con violencia, siempre y cuando se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad. En términos generales, ello implica que la acción defensiva debe ser la única manera de repeler la agresión y en base a la razonabilidad del ataque sufrido.
Este punto se desprende de los sucesivos actos de ciudadanos y denominados “guardias ciudadanas” que cumplen sus roles de defenderse, quizás con todo el merecimiento que deben parásitos malvivientes que perjudican a gente trabajadora, pero sin el análisis de las consecuencias de salirse del límite permitido en la legítima defensa.
Desde la concepción teórica, las leyes existen para mantener el orden, proteger los derechos de los ciudadanos, y promover una sociedad justa y equitativa. Las normas vigentes tienen objetivo de proporcionar un marco estable y coherente dentro del cual las personas puedan vivir en paz, prosperar y tener tranquilidad.
Siempre siguiendo las normativas, la acción defensiva o respuesta defensiva debe ser indispensable. Si existiera una alternativa viable para evitar el daño, como huir o buscar ayuda, el uso de la fuerza no estaría justificado. De hecho que el peligro inminente de allegados, corta con esto de huir, y las acciones generan reacciones inmediatas, pero la fuerza empleada en la defensa debe ser proporcional al daño que se intenta evitar. Es decir, si una “rata” que funge de persona, sustrae un bien ajeno, valiéndose del descuido o descanso ajeno, no se justifica usar fuerza letal para protegerlo. Pese a que hay méritos para ello.
Cuando se exceden estos límites, la acción defensiva puede transformarse en un delito, como el exceso en la legítima defensa o el homicidio doloso.
En el contexto social, real, del día a día del ciudadano, estas expresiones codificadas se vuelven más complejas, pues es muy difícil tener un control racional absoluto ante el peligro propio o de seres queridos.
En ambientes donde el Estado muestra debilidad o incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana, la población se siente abandonada a su suerte o en este caso su mala suerte. Si hay un vacío de poder, no queda de otra que apelar a la autodefensa o incluso la formación de grupos de justicia por mano propia. Es por ello que vecinos se valen de guardias ciudadanas, al menos para espantar a los “chyrys” y bandidos de baja monta. La Policía Nacional no da abasto, ya sea por incapacidad material o por ineficiencia premeditada.
Cuando las instituciones encargadas de la seguridad y el sistema judicial no funcionan adecuadamente, no queda mucha opción. La situación de inseguridad aumenta la motivación para que las personas actúen por cuenta propia. Es algo natural defender lo suyo, y a los suyos, siendo un poco complicado primero entrevistar al malviviente preguntando si qué nivel de elementos contundentes posee. Pero es la ley que debe equilibrar conductas. Todo ciudadano tiene derecho a salvaguardarse, pero no valerse de ello como pretexto para la violencia desmedida.
Otro riesgo de quebrantarse la razonabilidad de reacciones, es la aparición de grupos que se toman la justicia por mano propia, sin control ni regulación, lo que a menudo deriva en abusos y violaciones de derechos humanos.
Por experiencias vividas en países vecinos, en casos extremos, la falta de control estatal puede dar lugar a la formación de grupos paramilitares o de exterminio que persiguen a presuntos delincuentes, operando al margen de la ley y alimentando ciclos de violencia que al final afectan a la generalidad.
Para evitar caer en escenarios de anarquía o justicia privada, es esencial fortalecer las instituciones.
Un Estado que garantiza la seguridad ciudadana, investiga y sanciona los delitos de manera eficaz, y asegura el acceso a la justicia, reduce la necesidad de que los ciudadanos tomen medidas extremas. Un sistema judicial que opera con transparencia y celeridad genera confianza, limitando la percepción de impunidad que muchas veces impulsa la autodefensa y el resentimiento.
Debería ser de preocupación de las autoridades nacionales los sucesivos actos donde se sale de límites de la legítima defensa, no para castigar por castigar a infractores, sino para operar en mejorar sistemas de seguridad.
Solo recitar las leyes no protege nada, sino ponerlas en práctica.
