En lo conceptual, las leyes son una de las principales fuentes del Derecho positivo y por medio de ellas se limita el libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Siguiendo con el propósito ilustrativo de lo que implican las normas, entre otras características, deben ser permanentes dentro de la racionalidad de su efectividad, es decir estar vigente no conforme el antojo de políticos.
Las modificaciones de leyes y reglamentos con el propósito exclusivo de beneficiar a un sector político generan una serie de daños y consecuencias que afectan profundamente el tejido social, político y económico de un país, no solo un estamento.
Toda acción que denigre las características de las reglas, carcomen los principios fundamentales de justicia, igualdad y transparencia que en los papeles deben regir cualquier sistema democrático.
Cuando las leyes se alteran para favorecer a un grupo específico, se escupe en el Estado de Derecho, perdiendo su carácter universal y pasan a ser instrumentos de control político, tan igual que una monarquía, donde la ley era el rey.
Cuando las modificaciones no son con el criterio de lo necesario para la generalidad, originan condiciones de desigualdad, pues solo se otorga privilegios a un sector en detrimento del resto de la población. Ya que desde el Congreso viene todo lo nefasto para el país, no es de extrañar que el cumplimiento de una obligación ineludible, caiga siempre en el “depende de quien”.
La manipulación de reglamentaciones para patrocinios particulares alimenta con nutrientes a la corrupción.
Los marcos legales están siendo diseñados para consolidar redes de poder político y económico que realzan sus propios intereses, debilitando alguna posibilidad de predominio de la meritocracia y el buen funcionamiento de las instituciones.
En un Estado donde las leyes son moldeadas a conveniencia de quienes ostentan el poder, se camina por la senda del autoritarismo y cuando se tiene monopolio legislativo se acrecienta el riesgo de legalizar la insanidad.
Las reformas legislativas sesgadas pueden desencadenar tensiones sociales, ya que diversos sectores se sienten excluidos o perjudicados.
En un contexto donde las leyes no promueven la competencia justa ni la seguridad jurídica, tampoco será muy atractivo para la inversión y el desarrollo económico. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, no pueden confiar en sistemas legales volátiles y torcidos.
Y en ese mismo tenor, se da una vez más ejemplos ante la comunidad internacional de que ni siquiera con las normas se puede sostener por mucho tiempo credibilidad.
Las modificaciones legislativas deben ser fruto de un consenso en pos del país, siempre orientados al bienestar general. De lo contrario, las cámaras de diputados y senadores, se convierten en herramientas de dominación.
